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En su nota, el magistrado Amarilla expone la necesidad de remover la inmunidad parlamentaria del legislador, con el objetivo de permitir que avance el proceso penal en su contra. Según las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, se sospecha que Galeano no solo habría prestado su avioneta a los líderes de la organización criminal, sino que también habría participado en el lavado de dinero proveniente de los servicios prestados a Miguel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y Sebastián Marset.

La solicitud de desafuero por parte del juez especializado pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones contra el diputado Galeano y la importancia de que se garantice un proceso judicial justo e imparcial. La remoción de fueros parlamentarios permitiría que la justicia avance sin obstáculos y lleve adelante las investigaciones correspondientes.

Además, el Ministerio Público ha solicitado la aplicación de la prisión preventiva, considerando tanto la expectativa de pena a la que se expone Galeano como su poderío económico. Estas medidas demuestran la seriedad con la que se aborda este caso y la determinación de las autoridades judiciales para combatir la criminalidad y la corrupción.

Ahora corresponderá a la Cámara de Diputados evaluar la solicitud de desafuero y tomar una decisión al respecto. La decisión que se tome tendrá un impacto significativo en el desarrollo del proceso penal y en la imagen de la institución legislativa. La sociedad espera que las instituciones actúen con responsabilidad y transparencia, asegurando que se respeten los principios fundamentales del Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad.

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