Caso “mafia de pagarés”: Decretan el sobreseimiento provisional de implicados
El juez Humberto Otazú decretó este martes el sobreseimiento provisional de los imputados en el conocido caso de la “mafia de pagarés”, una decisión adoptada a pedido de la fiscalía general y la querella, con ello, deja abierta la posibilidad de que la causa sea reabierta si se producen nuevas diligencias investigativas.
Durante la audiencia preliminar comparecieron Gustavo Díaz, Gustavo Cartes y Belén Cartes, representantes de las firmas Serfin S.A. y Presto S.A., dos de las financieras investigadas por su presunta participación en el esquema que habría afectado a numerosos funcionarios públicos, entre ellos trabajadores del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
En una primera oportunidad, la fiscalía inferior había solicitado la desvinculación definitiva de los procesados. Sin embargo, la querella logró evitar ese desenlace, lo que derivó finalmente en el sobreseimiento provisional. Con esta resolución, el Ministerio Público queda obligado a realizar diligencias pendientes y a presentar un nuevo requerimiento en un plazo máximo de un año.
Pese a los reiterados reclamos de las víctimas, la fiscal del caso, Karina Caballero, solicitó el sobreseimiento definitivo para todos los investigados. La agente fiscal sostuvo que no existen elementos suficientes para formular una acusación formal, postura que generó profundo malestar entre los denunciantes, quienes cuestionan el alcance de la investigación.
Las víctimas sostienen que el Ministerio Público no profundizó en la posible participación de funcionarios públicos ni en la dimensión real del esquema, que habría operado mediante el uso irregular de pagarés y descuentos compulsivos, afectando los salarios de trabajadores del sector público.
El abogado de las víctimas, Esteban Chávez, quien representa a funcionarios del SNPP, confirmó la resolución judicial y destacó que el sobreseimiento provisional mantiene viva la causa. “Esto da la posibilidad de reabrir el proceso. Existen 12 diligencias pendientes por realizar y que son ordenadas por el juez. Nosotros volveremos a acusar, no vamos a permitir que esto quede impune”, afirmó.
La decisión judicial, si bien no implica una absolución definitiva, vuelve a poner bajo la lupa el rol del Ministerio Público en la investigación de un caso que ha generado fuerte impacto social y cuestionamientos sobre la protección efectiva de las víctimas frente a presuntos esquemas financieros irregulares dentro del sistema de justicia.
