Histórico fallo judicial aplica por primera vez la nueva ley contra la “mafia de pagarés”
En una decisión considerada inédita dentro del sistema judicial paraguayo, el juzgado de Paz de Luque dictó la primera resolución que aplica los alcances de la denominada ley contra la “mafia de pagarés”, estableciendo límites concretos a los descuentos salariales derivados de embargos ejecutivos.
La resolución fue firmada por la jueza de Paz de Ypacaraí, interina en Luque, Cinthya Usher Granado, quien hizo lugar al incidente de reducción promovido por una trabajadora afectada por descuentos simultáneos derivados de obligaciones crediticias, al constatar que las retenciones superaban el límite permitido por la legislación vigente.
El fallo ordena reducir el descuento salarial aplicado mediante embargo ejecutivo, fijándolo en la suma de G. 1.346.281, tras verificarse que el monto retenido mensualmente excedía los parámetros legales establecidos para la protección del salario.
La decisión cobra especial relevancia al convertirse en la primera aplicación judicial de la Ley N.º 7564/2025, promulgada en noviembre de 2025, normativa impulsada para frenar los abusos vinculados a embargos masivos y descuentos desproporcionados conocidos públicamente como el esquema de la “mafia de pagarés”.
La citada ley regula los descuentos y embargos sobre salarios de funcionarios públicos en Paraguay y establece que la suma total de retenciones no puede superar el 50% del ingreso del trabajador. Asimismo, la normativa protege el sustento familiar al prohibir expresamente el embargo de aguinaldos, subsidios y beneficios sociales.
En su análisis, el juzgado determinó que los descuentos practicados sobre el salario de la afectada vulneraban los límites legales, por lo que correspondía ajustar el embargo conforme a las nuevas disposiciones de protección salarial.
El fallo, marca un precedente relevante, ya que abre el camino para la revisión de numerosos casos similares en los que trabajadores públicos fueron sometidos durante años a descuentos que comprometían gravemente sus ingresos mensuales.
El pedido fue realizado por la defensora pública Leticia Casaccia, quien suma una victoria judicial más contra el perjudicial esquema.
La decisión judicial se inscribe dentro del nuevo marco legal que busca restablecer el equilibrio entre el derecho de cobro de acreedores y la garantía constitucional de un salario digno, en medio de investigaciones y denuncias sobre estructuras que habrían utilizado pagarés para promover embargos excesivos contra funcionarios públicos.
Con este fallo, el Poder Judicial comienza a materializar la aplicación práctica de la nueva legislación, enviando una señal clara sobre la vigencia de los límites legales en materia de embargos y la protección efectiva de los ingresos laborales.
