Derecho a réplica: Abogada María Gloria Núñez reafirma presunción de inocencia y denuncia linchamiento mediático
La abogada María Gloria Núñez López, con matrícula de la Corte Suprema de Justicia N° 7.726, ejerció su derecho constitucional a réplica tras la publicación del 21 de febrero de 2026 titulada “Imputan a Abogada de RGD por presunta apropiación de cheques por USD 372.206”. En su pronunciamiento, la profesional cuestionó el tratamiento informativo de la noticia, calificándolo de “sesgado y sensacionalista”, y denunció que se vulneró el principio de presunción de inocencia, exponiendo su nombre y reputación en un contexto de culpabilidad anticipada.
Núñez recordó que la imputación fiscal constituye únicamente una hipótesis de investigación y no una declaración de culpabilidad ni implica responsabilidad penal. Señaló que los hechos mencionados corresponden a operaciones comerciales y cambiarias reguladas por la legislación civil y mercantil, donde la circulación de cheques se rige por principios de autonomía, literalidad y endoso. “La mera tenencia de un cheque no implica apropiación indebida ni comisión de hecho punible”, afirmó, subrayando que la utilización de títulos ejecutivos en sede judicial es un derecho legítimo de acceso a la justicia.
La abogada destacó que el juicio ejecutivo “María Gloria Núñez López c/ Kuaregi S.A. s/ Acción Ejecutiva” (Expte. N° 377/2022) ya cuenta con sentencia firme y ejecutoriada desde mayo de 2023, y que la denuncia presentada por la parte demandada buscó frenar la subasta de bienes embargados. Aclaró además que la primera imputación fue rechazada por el Juzgado en enero de 2026 por no reunir los requisitos legales, y que la segunda imputación, presentada por la fiscal María Angélica Insaurralde bajo la figura de “reducción”, también fue devuelta al Ministerio Público por vicios procesales.
Núñez acusó a la firma Kuaregi S.A. de criminalizar un juicio civil con sentencia firme para torcer resoluciones judiciales. Señaló que el denunciante, Eduardo Bernal Amarilla, incurrió en contradicciones al alegar primero un “extravío” de cheques y luego un supuesto “hurto”, tres años después de iniciado el proceso. “Se trata de una estrategia para desacreditarme y coaccionar la ejecución de una sentencia firme”, sostuvo.
Finalmente, la abogada reafirmó que su actuación se encuentra amparada por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “La imputación no es condena. La información difundida vulnera mi honor y mi imagen profesional, configurando un linchamiento mediático que no puedo dejar pasar”, expresó.
