El caso Petrobras se ha cobrado su mayor víctima en los tres años que lleva desgranando la corrupción en las élites brasileñas. El expresidente más popular del país, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido condenado este miércoles a nueve años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Según el juez Sergio Moro, que instruye el caso en la primera instancia, Lula se benefició de 3,7 millones de reales (1,2 millones de euros) en sobornos de la constructora OAS. Al expresidente, que en los últimos meses había dejado de ocultar su ambición por presentarse de nuevo a las elecciones generales de 2018, aún le queda recurrir al Tribunal Supremo brasileño. Esta es la primera de las cinco sentencias que tiene pendientes ante el juez Moro.

Según el juez, los sobornos se hicieron a través de un apartamento de tres plantas en la costa de São Paulo que, dice en la sentencia, el expresidente del Partido de los Trabajadores recibió y reformó con dinero de la constructora. OAS también costeó el almacenaje de los bienes de Lula en una empresa llamada Granero na Grande. En total, costó 3,7 millones de reales.

Entonces comenzaron los problemas. La Fiscalía brasileña comenzó a presentar demandas contra Lula. En una rueda de prensa en septiembre le acusaron, esencialmente, de estar al frente de la red de corruptelas que estudia el caso Petrobras, posiblemente la acusación más grave que se pueda hacer en la política brasileña. El juez Moro rechazó algunas demandas, pero aceptó cinco. Él no siempre lo negó. Más bien, en sus mítines apelaba a la emoción de sus votantes para renunciar la persecución que sufría. Fue imputado cinco veces, tres de ellas dentro del caso Petrobras.

Fuente El País