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El dictamen fue emitido por el Juzgado Penal de Garantía N° 4, de Asunción, a cargo del juez Rubén Darío Riquelme Ramírez, a través del Auto Interlocutorio N° 705. El juez hizo lugar al pedido del fiscal Alcides Corbalán Ocampos de desestimar y archivar la denuncia presentada por sindicalistas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

El Juzgado Penal sostiene que no existe ni existió prevaricato ni producción de documentos públicos de contenido falso, como sostenía la denuncia.

El Juzgado Penal afirma que los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas actuaron con pleno apego a la ley “ya que no se observa alguna violación de algún derecho para favorecer o perjudicar a alguna de las partes dentro del proceso licitatorio correspondiente” (sic).

Para el Juzgado resultó relevante que ninguna de las firmas oferentes “hayan formulado objeciones sobre los recaudos documentales ni sobre la participación misma de algún oferente en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres o durante el periodo de revisión” (sic).

El juez es tajante al dictaminar que “el Derecho Penal no puede invadir otra rama del ordenamiento jurídico para criminalizar cuestiones que no merecieron reparos en su ámbito natural del Derecho Administrativo” (sic).

La resolución judicial también cuestiona que con la denuncia se pretenda que el Ministerio Público realice una suerte de reevaluación del proceso de licitación de la modernización del Aeropuerto Internacional, en cuanto a las ofertas técnicas. El dictamen da un explícito apoyo a la tarea que realizó la Comisión de Evaluación de Ofertas.

Respecto a la supuesta incompatibilidad de uno de los oferentes, en este caso Sacyr Concesiones S.L., la sentencia alega que está plenamente facultada para participar y que esa situación fue sobradamente debatida en el marco de la licitación, “determinándose la inexistencia de restricciones o prohibiciones para la participación del oferente” (sic), y que esta postura jurídica fue validada por las opiniones jurídicas del MOPC, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría Técnica de Planificación (STP), así como de opiniones de expertos independientes.

El Juzgado afirma que se “descarta la posibilidad del prevaricato”  porque todos los funcionarios actuantes“utilizaron una de las interpretaciones válidas y posibles de la norma en cuestión” (sic).

La resolución judicial sostiene que la investigación fiscal no encontró ni observó que los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de licitación de la APP del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hayan “violado, quebrantado o contravenido” lo dispuesto por la Ley 5102/13 de Alianza Público Privada, por lo que para el Juzgado Penal de Garantía N° 4 es claro que se actuó conforme a derecho. Es decir, no hubo prevaricato y se dio pleno cumplimiento a la ley.

El MOPC ratifica que este es un proceso que se lleva adelante con absoluta transparencia, seriedad y legalidad, por 5 instituciones: Ministerio de Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación, Procuraduría General de la República, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y MOPC. Más de 40 profesionales de primera línea trabajaron con el asesoramiento de prestigiosas instituciones internacionales.

Con la desestimación de esta denuncia, el MOPC reafirma su actuar con apego absoluto a los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que se ha demostrado en todos los procesos administrativos desarrollados en el marco de la licitación para la modernización del Aeropuerto Internacional.

Fuente MOPC