Gentileza.

Según consta en la carpeta fiscal, Páez Monges aparentemente perjudicó los bienes que tenía como obligación proteger, debido a que habría autorizado el pago de la indemnización como víctimas de la dictadura a personas que presentaron hábeas data adulterados, y que provinieron de los archivos del terror (Centro de documentación y archivo para la Defensa de los Derechos Humanos). Dicha situación se habría dado a pesar de que la Sub Directora de Revisión de Documentos de la institución, le advirtió en todos los casos sobre la falsedad documental, recomendándole la destinación de la indemnización y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público. Esta circunstancia acontece en 6 expedientes de los 10 imputados.

En los siguientes 3 casos, el exdefensor resolvió el pago de la indemnización a personas que presuntamente cometieron delitos comunes en el Ejército paraguayo, condenados por la justicia Militar en contravención con la Ley n°838/96, que establece claramente que solo serán pasibles de indemnización aquellas víctimas de violación de derechos humanos sufridos como consecuencia de cuestiones políticas e ideológicas, por lo que el pago de las mencionadas inmediaciones por la comisión de delitos comunes no puede ser considerado como ejecutada de conformidad a lo que establece la ley.

Además en el escrito de imputación figura, “en la Defensoría y por ende en la figura del Defensor del Pueblo designado recae la responsabilidad y la función de proteger los derechos humanos y en el marco de estas atribuciones tiene el deber, por Ley, de salvaguardar el patrimonio estatal que debía ser utilizado para reparar a las víctimas de los terribles hechos atentatorios contra la humanidad que fueron cometidos durante la dictadura. Esta obligación transcendental era atribución del Defensor del Pueblo de conformidad a las Leyes números 838/96, 3603/08 y 4381/11”.   

Fuente Ministerio Público