“Es la primera vez que el Estado nos otorga los fondos para realizar las excavaciones, las exhumaciones e investigaciones”, comentó Goiburú a IP Paraguay.

“Son 90 millones de guaraníes que utilizaremos para extraer los cuerpos de las víctimas, algunas dispuestas en fosas comunes que se encuentran en 12 lugares específicos de los departamentos de Caaguazú, Caazapá e Itapúa; no sabemos cuántas víctimas en total encontraremos pero lo primordial es recuperar los cuerpos para su posterior identificación”, añadió.

El cronograma de trabajos fue detallado este viernes en la reunión anual del Equipo Nacional de Investigación, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas y Ejecutadas Extrajudicialmente durante el periodo 1954-1989 (Enabi), donde se dieron a conocer además los avances positivos para proseguir con las investigaciones que se vienen realizando mediante todas las instituciones involucradas.
Goiburú manifestó que para el 04 de octubre iniciarán los trabajos de las excavaciones en el interior del país y que las mismas se extenderán por el lapso de un mes y medio. “Creemos que para fines de octubre ya vamos a tener resultados favorables sobre los trabajos que haremos en esas zonas, siempre y cuando el clima ayude”, dijo.

Explicó que una vez exhumados los cuerpos, estos deben remitirse al Equipo Argentino de Antropología Forense con quienes se ha trabajado desde hace varios años.

Goiburú dijo además que el equipo de antropólogos argentinos fue el encargado de elaborar el banco de datos genéticos de los familiares de las víctimas, que actualmente tiene unas 300 personas registradas. El objetivo actual es extender esa base de datos unas 1.200 muestras para poder identificar los esqueletos que ya están a la espera de sus familias.

“Los ciudadanos deben perder el miedo y deben ayudarnos a llegar a las familias para solicitarles la extracción de la muestra sanguínea a los mismos; debemos ampliar el banco genético”, dijo.

Destacó que las familias con integrantes desaparecidos en la época de la dictadura de Stroessner, ya sea dentro del país o a través del Operativo Cóndor, deben estar en la base de datos para poder contrastar los resultados de los cuerpos extraídos de las fosas y tener la certeza científica de que son sus familias. Indicó que esto ya ha sido posible en los casos de Rafaela Filipazzi, José Agustín Potenza, Miguel Angel Soler y Cástulo Báez.

Instó igualmente a todos a que pierdan el miedo de denunciar los lugares o personas que se encuentran involucradas en los hechos de desaparición, dirigiéndose especialmente a los ciudadanos del interior del país quienes aún cuentan con bastante miedo y les cuesta creer que no serán castigados por aportar datos a la investigación.

Afirmó que se debe realizar una investigación seria ya que el Estado es “el responsable absoluto” y que por suerte ya se logró que el mismo otorgue los fondos para este proyecto de exhumación e identificación de las víctimas. Sin embargo, admitió que aún falta mucho por hacer, por lo que seguirán apuntando a identificar a más compatriotas desaparecidos siempre que se tenga el apoyo constante de la Administración Pública.
“En Paraguay existen más de 430 personas que han sido denunciadas como detenidas y desaparecidas durante la dictadura stronista, aunque se estima que son más de 500 actualmente, y la lista podría ir en aumento ya que a medida que se investiga, especialmente en el interior del país, siguen apareciendo casos de familias que por miedo no han denunciado hasta hoy día estas desapariciones”, afirmó el director.

Cabe resaltar que la Dirección de Memoria Histórica y Reparación de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia es la instancia que coordina del Equipo Nacional para la Investigación, Búsqueda e Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989 bajo la dictadura de Alfredo Stroessner.

Proyecto de ley

Asimismo, Goiburú comentó que el año pasado la Defensoría del Pueblo presentó mediante la exdirectora de la Comisión de Verdad y Justicia, Judith Rolón, y a instancias y con la firma de tres senadores de la nación, Adolfo Ferreiro, Luis Alberto Wagner y Miguel López Perito, presentaron un proyecto a la Cámara de Senadores, para intentar que la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación, dependiente de la Defensoría del Pueblo, deje de depender de esa institución y pase a depender del Senado de la República y a su vez que el Enabi pase a tal esfera.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia emitió un dictamen donde solicita que la Dirección de Verdad y Justicia, además del Enabi, sigan dependiendo de la Defensoría del Pueblo ya que Senado tiene función de carácter deliberativo, mientras que la Defensoría realiza un trabajo ejecutivo. Este dictamen fue dirigido al presidente de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, y a las diferentes comisiones, solicitando una respuesta favorable, explicó Goiburú.