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Los doce magistrados que componen el alto tribunal tomaron la decisión por unanimidad respecto a una convocatoria que las autoridades regionales mantuvieron el 1 de octubre pese a su suspensión y los esfuerzos policiales y judiciales por desbaratar su logística.

La jornada del referéndum -que a juicio del Gobierno central no tuvo lugar, en contra de lo que mantiene la Generalitat- se vio marcada por las cargas policiales para impedirlo, que, según los servicios de emergencia catalanes, causaron centenares de heridos.

La ley para la celebración del referéndum se aprobó en una jornada caótica del Parlamento catalán de principios de septiembre con el apoyo de la mayoría soberanista, en una cámara semivacía al ausentarse la oposición en protesta por el plan de la consulta.

El TC también tiene suspendida la denominada ley de “desconexión”, aprobada el día siguiente, con la que las autoridades de Cataluña aspiran a gestionar la región en caso de victoria del “sí” en el referéndum independentista.

La semana pasada el presidente catalán, Carles Puigdemont, trasladó los resultados del referéndum para llevar a cabo una declaración de independencia unilateral que finalmente dejó en suspenso para abrir en su lugar la puerta al diálogo con el Gobierno central.

Según las autoridades catalanas, más del 90 por ciento de los más de 2,2 millones de votantes optó por el sí, pese a que la junta electoral central de España niega que tuviera lugar ninguna consulta.

Fuente: Reuters