La acción fue presentada por Francisca Morales, hermana de los acusados; Mariana Servín, esposa de Gregorio, y Brunilda Fernández, esposa de Víctor, bajo el patrocinio de la organización no gubernamental de derechos humanos Servicio de Paz y Justicia (Serpaj - Paraguay).
El fiscal antisecuestro, Joel Cazal, solicitó que la causa contra Gregorio y Víctor Morales, acusados por secuestro, asociación criminal y terrorismo, sea elevada a juicio oral y público.
Según expresaron los acusados, el 28 de enero pasado unos 60 militares que se encontraban vestidos de civiles y sin portar su identificación allanaron las viviendas de los campesinos utilizando extrema violencia: echaron puertas, propinaron golpes e inclusive encañonaron con armas de fuego a los integrantes de la familia.
Por esta razón los implicados y sus familiares presentaron la acción inconstitucional de la ley que modifica la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y que desde el año 2013 ha permitido el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay por considerar que la misma representa una violación de lo que establece la Constitución Nacional, la cual otorga atribuciones de seguridad interna exclusivamente a la Policía Nacional.
En el año 2009, durante un allanamiento, los intervinientes encontraron en poder de uno de los hermanos un fusil que se había robado de una comisaría atacada por el grupo terrorista.