Según la acusación fiscal, las resoluciones de desembolso firmadas por Cardozo solo contienen enunciados formales, razón por la que no exponen fundamentos que avalen y justifiquen con argumentos serios la entrega de multimillonarias sumas de dinero ordenadas mediante las referidas disposiciones ministeriales. El MAG pretendió apoyar a diferentes comités de productores localizados en distintos puntos del país, propiciando la implementación de proyectos para sacar de la pobreza a los beneficiarios, poniendo en marcha emprendimientos que se constituían en una suerte de microempresa, lo que permitiría el despegue económico de las comunidades mediante la implementación de proyectos sustentables a largo plazo. Sin embargo, tal iniciativa fue aprovechada para realizar entregas de millonarias sumas de dinero a personas completamente ajenas a los miembros de los comités que habían sido beneficiados con la asistencia”.

Asimismo, el documento indica, que las asociaciones de productores fueron visitadas por personas que se hacían pasar como consultores de proyectos agropecuarios, ofreciendo asesorarlos en los distintos proyectos a ser presentados en el MAG, comprometiéndose además a darles seguimiento a la propuesta presentada y luego darles aviso acerca de los resultados acontecidos. Los supuestos proyectos elaborados por los que fungían como consultores, no poseen características propias de un proyecto, por consistir en un simple listado de insumos, con breves explicaciones de uso, sin mayores ahondamientos ni detalles. Es decir, carecen de la envergadura técnica necesaria para ser considerados como tales.

La fiscal Delvalle explicó que los supuestos proyectos presentados fueron aprobados por la administración de Cardozo, contraviniendo todas las normativas vigentes, dado que carecía de estudios de carácter técnico, veterinario, financiero y de sostenibilidad. Tampoco contaban con análisis de factibilidad y plan de mercado, tal como lo exigen las normas.