Una denuncia formal contra los agentes fiscales Aldo Cantero y Eugenio Ocampos, por la comisión de delito y mal desempeño de funciones, fue presentada ayer en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por el apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Cristian González, también abogado de los jóvenes supuestamente involucrados en la quema del Congreso Nacional el 31 de marzo pasado. El profesional del Derecho estuvo acompañado de la abogada Marlene Orué.

De acuerdo a González, existen indicios y evidencias que demuestran la posible comisión de hechos punibles por parte de los agentes del Ministerio Público, como ser: cohecho pasivo agravado, asociación criminal, persecución penal a inocentes, enriquecimiento ilícito y otros delitos que surgiesen de la investigación correspondiente.

"Es de público conocimiento las grabaciones difundidas por los medios de prensa, con la lamentable participación de miembros y funcionarios de este Jurado en donde se ordena imputaciones relacionadas con el caso individualizado, se establece precio de fiscales y se evidencia la rosca mafiosa que decide sobre los bienes, la libertad y la vida de los ciudadanos", dice parte del documento presentado en el JEM.

Según los profesionales, de los audios se desprende y existen sospechas suficientes para señalar que los acusados en virtud a esta asociación criminal, y consiguiendo beneficios económicos ilícitos, han inventado causas, imputaciones, violentado derechos y garantías, ordenado detenciones ilegales.

"Se ha orquestado una persecución de inocentes que ha desembocado en cárcel y exilio por faltas fundadas de garantías judiciales", lamentaron a través del escrito arrimado al organismo juzgador.

MAL DESEMPEÑO. En cuanto al mal desempeño de funciones en el que habrían incurrido Cantero y Ocampos, citaron entre otros puntos: No conservar la independencia personal en el ejercicio de sus funciones y someterse, sin que la ley alguna les obligue, a órdenes e indicaciones de magistrados de jerarquía superior o de funcionarios de otros poderes u órganos del Estado; mostrar manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes en juicio; recibir dádivas o aceptar promesas u otros beneficios, directa o indirectamente de las personas que de cualquier manera tengan o puedan tener intervención o interés en los juicios o investigaciones a su cargo; imputar o acusar a una persona, careciendo de los elementos suficientes que justifiquen la medida.

Ante estos hechos, los representantes del PLRA peticionan al Jurado, que además de la suspensión, por medio de una resolución ordene la remoción de los acusados por mal desempeño en sus funciones.

Cuatro de los jóvenes imputados se encuentran como refugiados en el Uruguay.

Fuente UHORA