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En un comunicado, la institución afirma que el presupuesto aprobado “destina el 93% de los impuestos a gastos rígidos (salarios, intereses de la deuda y pago a jubilados y pensionados)”, por lo que se limita el margen de aplicación de topes dentro del Plan Financiero.

Esta situación obligaría al ministerio “a definir las políticas públicas que se llevarán adelante en el 2018 y aquellas que deberán ser postergadas o restringidas en su ejecución”.

Al aprobar un presupuesto que no cuenta con el financiamiento asegurado para la totalidad de las modificaciones introducidas, genera que Hacienda deba realizar recortes a los programas que dependen de los ingresos tributarios para su financiamiento.

El PGN 2018 aprobado por el Congreso cuenta con aumentos para entidades descentralizadas (ANDE e INC) y de la Administración Central (Ministerio de Educación 4% por encima del 12% que ya había concedido el Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud 30% para diferentes programas, unidades y hospitales).

Estos aumentos generan un desfinanciamiento de US$ 40 millones del proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda por lo que el Poder Ejecutivo vetó parcialmente el PGN.

En la sesión extraordinaria de este martes 2, diputados y senadores rechazaron el veto parcial y mantuvieron el PGN aprobado con las modificaciones introducidas.

Adicional a este desfinanciamiento del Presupuesto, la capacidad de solventar los compromisos asumidos desde el Estado se encuentra con un riesgo mayor, considerando el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia tributaria, acerca de la inconstitucionalidad sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las Cooperativas, así como la sentencia que habría emitido respecto a la devolución de impuestos a las agroexportadoras, los que de materializarse afectarán de manera significativa la sostenibilidad de las cuentas públicas en el futuro.

 El comunicado de Hacienda finaliza expresando que la cartera de Estado “ratifica su compromiso de cumplir con los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en la etapa de ejecución presupuestaria y, por ende, con el manejo responsable y prudente de las finanzas públicas”.

Fuente: Agencia de Información Paraguaya