El primero citado, benefició a trabajadores de la empresa Ciudad de Guarambaré, permisonaria de la la línea 32, compañia de transporte cancelada por no cumplir con el requisito de renovación de la flota de buses, pero que sigue operando.

Mientra que la segunda mencionada, favoreció a los propietarios de buses de la línea 18, sin acreditar la titularidad de las unidades. El juez utilizó argumentos laborales que no son de su competencia, falló a su favor y ordenó el secuestro de las unidades de parte del Viceministerio de Transporte. Además, así la línea 18 burló multas por valor de G. 400 millones.

"Estos son jueces que se ríen dictando medidas cautelares a lineas ineficientes", dijo Ruiz Díaz de la Cetrapam en contacto con la 970 a.m.

El titular de Cetrapam lamentó las medidas adoptadas por los referidos magistrados, pues atentan directamente contra la política gubernamental de renovar la flota de vehículos que prestan el servicio de transporte público en capital y área metropolitana.

Fuente: La nación digital