Gentileza.

Sin embargo, jurídicamente no se puede desconocer que existe un Acuerdo y Sentencia N° 181 que data ya desde el 2013 donde el anterior Fiscal General del Estado tenía habilitada la competencia del Tribunal de Cuentas, 2da Sala, para el juzgamiento de cuentas correspondiente a su gestión. En ese contexto, en fecha 6 de febrero del 2018, el Tribunal de Cuentas 2da. Sala, inició el juzgamiento del ejercicio fiscal 2017, por lo que la Fiscalía en ese entonces ya remitió el listado de documentaciones requerido para su Juzgamiento.

Los documentos solicitados por la Contraloría Gral. de la República, corresponden al ejercicio fiscal 2017, y a la fecha en que la Dra. Sandra Quiñónez asume como máxima autoridad, los mismos ya fueron remitidos y ya se hallaban, casi en su totalidad, bajo Juzgamiento del órgano jurisdiccional de control.

Pese a tener conocimiento de estas remisiones realizadas con anterioridad, el Contralor General (quien se encuentra imputado por la Fiscalía de Delitos Económicos) envía llamativamente una nota a la Fiscalía General señalando la desafectación de una funcionaria. El actual contralor de la República, insiste de esta manera, sobre un acto improcedente del cual el mismo ya tenía conocimiento, antes de la asunción de la actual Titular del Ministerio Público.

No se puede perder de vista que el análisis de la Contraloría General de la República es una evaluación de carácter administrativo, sin embargo el Tribunal de Cuentas tiene la facultad de “determinar la responsabilidad de los que manejan los fondos públicos, en caso de detectar irregularidades, remitir para su procesamiento penal, y obtener la devolución de los montos malversados en caso de comprobarse”. Por otra parte, actualmente existen causas abiertas en el ámbito penal, por lo que desde la Fiscalía General no se puede preopinar, ni emitir juicio de valor alguno sobre las mismas.

Finalmente, se destaca que esta nueva administración, bajo la dirección de la Dra. Sandra Quiñonez, no pretende apañar ninguna situación anterior, puesto que cada ordenador de gasto es responsable, de manera personal, de la forma de administración que ha llevado a cabo durante su gestión y en caso de ser detectado algún hecho de corrupción será remitido al ámbito penal para su investigación.

Fuente: Ministerio Público