Gentileza

Supuestamente Pintos Aguilera, quien fue procesado por Enriquecimiento Ilícito, sería socio del Yacht y Golf Club Paraguayo, además habría adquirido una camioneta Toyota Fortuner TDI Aut del año 2015, valorada en US$ 44.000 y otro vehículo de la marca Jeep Cherokee por la suma de US$ 66.000.

Según las pesquisas, el funcionario realizaba entregas mensuales con refuerzos de pago cada tres meses por los vehículos, redondeando sumas que inclusive sobrepasan considerablemente el monto correspondiente a su remuneración salarial.

Asimismo en conjunto con su esposa Chamorro Paredes, quien fue procesada por Lavado de Dinero, poseerían inmuebles en Atyrá y Mariano Roque Alonso por lo que el Ministerio Público concluye en que el procesado ha incrementado de manera ostensible su patrimonio a través de la obtención de bienes, inmuebles, acciones en sociedades y gestión en el comercio, no siendo legal el origen de este incremento, por cuanto el estilo de vida como la adquisición de diversos bienes por parte del funcionario público y su cónyuge sobrepasan los ingresos percibidos por el servicio prestado al ente estatal.

Entretanto Carrera Ríos y su esposa, cuentan con extractos de bancos y cooperativas referentes a créditos de montos altos en plazos cortos de cancelación, además la Fiscalía cuenta con datos referentes a una empresa fabricadora de hielo también de su propiedad, por lo cual los fiscales intervinientes presumen que el origen de los mismos proviene de un hecho antijurídico al no hallarse indicios que justifiquen de manera explícita el origen o la fuente de todo su patrimonio.

Elvis Carrera Romero por su parte tendría a su nombre varios automóviles, camiones de la marca Scania y habría extraído y cancelado prestamos en bancos y cooperativas por montos que no se condicen con sus ingresos. Igualmente estaría inscripto como contribuyente del IRP e IVA General, con actividades que son presuntamente a través de firmas que se dedican a la elaboración de hielo y al transporte terrestre de carga interdepartamental e internacional.

Las fiscalas solicitaron a la justicia el arresto domiciliario de los encausados y el embargo de sus bienes. Así como la inhibición general de vender y grabar bienes.