La sentencia fue dictada por el juez Ricardo Leite, del décimo Tribunal Federal de Brasilia, quien halló a Lula inocente de los cargos formulados sobre la base de una declaración prestada por el exsenador Delcídio do Amaral, quien dijo haber intentado sobornar a un testigo de una investigación por pedido expreso del exmandatario.

La absolución de Lula en este proceso había sido solicitada por la Fiscalía, que en septiembre pasado ya había manifestado que, en ese asunto, no existían "pruebas suficientes" sobre la responsabilidad del expresidente.

El magistrado Leite también absolvió a los otros seis implicados en ese caso, entre los que figuraban el propio do Amaral, el exjefe de gabinete del antiguo senador, Diogo Ferreira y el banquero André Esteves.

Do Amaral había sido detenido en 2015, tras la divulgación de una grabación de una conversación en la que ofrecía dinero al exdirector internacional de Petrobras Néstor Cerveró para que no lo comprometiera en las investigaciones sobre las corruptelas en la petrolera estatal.

Cerveró estaba preso por su participación en esos asuntos y en la época negociaba un acuerdo de cooperación con la Justicia a fin de que identificara a sus cómplices en ese escándalo, que salpicó a decenas de políticos e importantes empresas del país.

Do Amaral, entonces senador del Partido de los Trabajadores (PT), confesó su supuesta responsabilidad y acusó a Lula de encomendarle el supuesto soborno a Cerveró para comprar su silencio, sobre lo cual tanto la Fiscalía como el magistrado Leite entendieron que no existe "prueba documental".

Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, está en prisión desde el pasado 7 de abril, tras haber sido condenado en segunda instancia en un proceso en el que fue hallado culpable de recibir de una empresa constructora, a cambio de favores políticos, un apartamento en un balneario del litoral de Sao Paulo.

El exmandatario, quien insiste en su inocencia en todos los casos, enfrenta aún en primera instancia otras cinco causas por diversas acusaciones de corrupción, varias de ellas vinculadas a los escándalos en la petrolera estatal.

A pesar de su situación jurídica, Lula ha sido proclamado como candidato presidencial del PT para las elecciones del próximo 7 de octubre, aunque está virtualmente inhabilitado por normas que vetan la participación en los comicios de condenados en segunda instancia, tal como es su caso.