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La agente fiscal delegada de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano presentó imputación contra 9 hombres, 8 de ellos funcionarios de la Unidad Zonal de Concepción, Dirección SIGOR y puestos de control de la Secretaria Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), quienes habrían participado de un circuito de actos ilícitos.
Por un lado fue procesado Humberto Andrés Santos Eschenmoser, por la presunta comisión de los hechos punibles de Producción Mediata de Documentos Públicos de Contenido Falso, Alteración de Datos Relevantes para la Prueba, Usos de Documentos Públicos de Contenido Falso.
Por otro lado, se encuentran imputados los funcionarios: Atanasio Riveros, Epifanio Ariste Fernández, Pablo Alberto Marin González, Manuel Vera Sosa, Pedro Antonio Lusich González, Romeo Abel Areco Ocampo, Derlis Ariel Insfrán García, Richard Willian Ortega Ortiz. Los mismos están siendo investigados por los Hechos Punibles de Alteración de Datos Relevantes para la Prueba, Lesión de Confianza, Producción Inmediata de Documento Público de Contenido Falso y Acceso Indebido a Sistemas Informáticos.
La representante del Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión para los 9 procesados.
Descripción de los hechos
Humberto Andrés Santos Eschenmoser se registró en la Secretaria Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) como propietario de animales en 4 establecimientos distintos. El sujeto transportaría documentos de guías de traslado de animales y Certificado Oficial de Tránsito de Animales (COTA) pero sin el transporte real del ganado ni el transporte correspondiente.
Según la investigación fiscal, el 18 de septiembre de 2015, Sánchez Eschenmoser pasó por el puesto de control de la SENACSA ubicado en el Chaco, denominado Centinela, donde el ahora procesado habría conseguido como favor los sellos de los funcionarios Atanasio Riveros y Epifanio Fernández, quienes estaban ubicados en dichos puestos de control de tránsito. De tal manera Sánchez Eschenmoser lograba hacer figurar que los animales supuestamente fueron movilizados con documentos respaldatorios.
No obstante al pasar por un puesto de control ubicado en el departamento de Pozo Colorado el funcionario controlador no accedió a sellarle en las mismas condiciones que en el anterior puesto de control, tras lo cual el funcionario tomó fotografías de los documentos que contenían el sello del puesto ‘‘Centinela’’ y comunicó a la Comisión de Control de Animales en Tránsito (COLCAT) central.
Según los registros de la SENACSA, Humberto Santos pasó de tener 26 a 1001 animales el 28 de agosto de 2014, en un establecimiento ubicado en la ciudad de Horqueta. La operación efectuada corresponde al procedimiento de alta y baja sin registrar entrada por compra ni nacimiento de terneros. Dicha maniobra habría sido ejecutada por el funcionario Pablo Marín González, quien presuntamente registró en el sistema informático de la institución ‘‘SIGOR’’, la mencionada cantidad de animales registrando que el predio del establecimiento es de 25 hectáreas.
En el sistema, el Ministerio Público pudo corroborar que recién el 8 de agosto de 2015 se realizó supuestamente la vacunación del ganado, quedando registrado dicho acto en fecha 28 de agosto por el funcionario Romeo Abel Areco, quien registró la salida por COTA del total de animales de Humberto Santos en un solo documento, según el SIGOR.
Entretanto Pedro Lusich González, también funcionario de Senacsa, habría registrado la entrada de COTA para otro establecimiento ubicado en Concepción y registrado a nombre de Humberto Santos. La operación fue ejecutada en el sistema sin tener a la vista los sellos de control para realizar dicho registro.
Asimismo el funcionario Manuel Vera Sosa supuestamente registró entrada de COTA para el Establecimiento denominado ‘‘Adelina’’ que se encuentra a nombre de Santos Eschenmoser, sin tener realmente los certificados correspondientes ni los sellos del puesto de control para que la operación sea legal.
En el transcurso de la investigación interna de Senacsa, en el Sistema Sigor se detectó la creación, modificación y usos irregulares de la base de datos del mismo, lo cual indica que se realizaron operaciones anormales como ser la existencia de dos usuarios del sistema que no tienen respaldo de designación a un funcionario de la institución aunque según las pesquisas los usuarios habrían sido creados por el ahora imputado Derlis Ariel Insfrán García, y desde dichos usuarios elaborados se anularon actas de vacunaciones pertenecientes a Godolfreda Franco Insaurralde, del establecimiento Granja Cali. Asimismo posteriormente se ejecutó desde los usuarios creados, el desbloqueo por inicio de vacunación y por carga de COTAS pendientes.
Igualmente el encausado Richard Ortega también habría anulado un acta de vacunación correspondiente a Godolfreda Franco.
Fuente Ministerio Público