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Amado Boudou, exministro de Economía entre 2009 y 2011 y vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión por corrupción. Los jueces lo encontraron culpable en el “caso Ciccone”, un expediente que investigó el rescate poco claro de una imprenta en quiebra que obtuvo jugosos contratos para la emisión de billetes de 100 pesos. La condena a Boudou coincide con una semana negra para el kirchnerismo, acosado en los tribunales por la difusión de ocho cuadernos manuscritos con detalles de una supuesta red de cobro de sobornos a empresas dedicadas a la obra pública.

Boudou se ha convertido hoy en el más alto cargo del kirchernismo condenado en una causa por corrupción. Lo jueces encontraron probado que en 2010, cuando era ministro de Economía, intercedió para que la oficina de impuestos (AFIP)levantara un pedido de quiebra contra Ciccone, la imprenta privada más importante del país, acorralada por una deuda millonaria con el fisco. A cambio, Boudou se quedó con el 70% de la empresa, según el fallo, a través del empresario Alejandro Vandenbroele, quien operó como su testaferro. En ese esquema, Vandenbroele se limitó a “acatar las órdenes” recibidas por Boudou a través de intermediarios. Tras el rescate, Ciccone consiguió el certificado fiscal que le permitió convertirse en la principal proveedora de billetes del Estado, por encima incluso de la Casa de la Moneda.

La causa Ciccone se inició en febrero de 2012 con el testimonio ante la prensa de Laura Muñoz, exesposa de Vandenbroele. La mujer dijo que su marido era un testaferro de Boudou y que la conexión entre ellos llegó a través de José María Núñez Carmona, amigo personal del exvicepresidente. Vanderbroele fue una pieza clave de la investigación porque estaba vinculado al fondo de inversión The Old Fund, que se hizo con la propiedad de Ciccone tras el fin de la quiebra, al menos en los papeles. Para los jueces, el verdadero dueño de la imprenta fue Boudou, algo que el acusado negó de plano en sus últimas palabras ante los jueces.

“Jamás negocie por mí o a través de terceros el 70% del paquete de Ciccone. El supuesto de cohecho no tiene asidero porque no existió”, dijo. Y luego se declaró un perseguido político. “Hay una cuestión de revancha de clase. También de aleccionar, para que nadie se atreva a cambiar las cosas. Los políticos que deciden transformar la realidad son perseguidos, primero en forma mediática y luego en los tribunales”, dijo.

Ascenso y caída

Boudou no es un político nacido del riñón del peronismo, pero consiguió un ascenso vertiginoso en la estructura del poder kirchnerista. Inició su carrera en la ANSES, la oficina que administra el dinero del sistema jubilatorio, y previo paso por un cargo menor en un municipio de Buenos Aires saltó al ministerio de Economía. A su cargo estuvo la nacionalización del sistema de jubilación privada (AFJP) que Carlos Menem había creado en los años 90. En 2009 y con 47 años, se convirtió en el compañero de fórmula de Cristina Kirchner para la relección. La dupla alcanzó el 54% de los votos, el mayor caudal electoral jamás alcanzado por el kirchnerismo.

El cargo de vicepresidente en Argentina se limita a presidir el Senado. Sin peso político alguno, la estrella de Boudou se fue apagando mientras sumaba problemas en los tribunales. La investigación más grave fue siempre el caso Ciccone, pero, en algún momento, Boudou sumó 54 causas, desde acumulación de infracciones de tránsito (110 por exceso de velocidad) hasta el uso indebido de un helicóptero del Estado para viajes proselitistas. En noviembre del año pasado fue arrestado en una causa por enriquecimiento ilícito. El juez lo liberó dos meses después y Boudou pudo esperar en libertad el fallo de este martes.

La sentencia contra el exvicepresidente encuentra al kirchnerismo en su peor momento judicial. La semana pasada, el juez Claudio Bonadio ordenó 17 detenciones de exaltos cargos del gobierno de Kirchner y empresarios vinculados a la obra pública. El listado salió de ocho cuadernos manuscritos por el chófer del número dos del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, involucrado, según su empleado, en una red de cobro de sobornos en efectivo por sumas que pueden ascender a los 200 millones de dólares. La investigación costó la cárcel a varios excargos, pero también a los empresarios que realizaron los pagos a cambio de contratos millonarios. El nombre más relevante de la investigación es Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y desde el lunes imputado arrepentido de la presunta red.

Está por verse ahora hasta donde escalará Bonadio en la cadena de responsabilidades. El 13 de agosto escuchará a Fernández de Kirchner, a la que el juez considera la cabeza de una posible asociación ilítica para apropiarse de fondos públicos. La expresidenta no puede quedar presa porque sus fueros de senadora la protegen, pero las consecuencias políticas de la investigación son aún imprevisibles.

Fuente: ElPais.com