Gentileza

González Daher y González Chávez, se presentaron este lunes ante la secretaría de UDEA y se abstuvieron de prestar declaración indagatoria. El representante del Ministerio Público comunicó al Juzgado Penal de Garantías que los imputados se encuentran a disposición para la imposición de medidas cautelares.

Por un lado el fiscal Fernández explicó que la formulación de la imputación corresponde luego de que el Ministerio Público tenga elementos de sospecha suficientes respecto a una persona a la que se le señale como autor o partícipe de un hecho punible, ‘‘ Hemos llegado a ese grado de convicción, por ello hemos procesado a estas personas’’ manifestó.

Asimismo aclaró, ‘‘Tenemos más de 25 tomos de informes bancarios, informes tributarios, informes del registro público, abogacía del tesoro y de otras instituciones públicas, en ello se ha basado nuestra imputación’’.

El Ministerio Público solicitó la medida de prisión preventiva, ya que además de tener en consideración la gravedad de los hechos investigados, uno de los tipos legales mencionados en la imputación (Enriquecimiento Ilícito), impide la aplicación de medidas alternativas a a la prisión preventiva.

Por otro lado respecto al informe presentado ante la Fiscalía por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aclaró que en cumplimiento de la disposición de la ley 1015, dicho órgano acercó un análisis respecto a una investigación que ha realizado, y tras 30 días de corroboración de la información plasmada en dicho informe, se ha forjado la primera conclusión en la imputación.

El informe de la Seprelad hace una consideración respecto a un grupo económico y arriba a ciertas conclusiones preliminares, respecto a la  mayoría de los miembros de dicho grupo. ‘‘En este tiempo de investigaciones hemos llegado a un standard probatorio necesario y pertinente para la formulación de la imputación respecto a estas dos personas, principalmente basados en la inconsistencia de los movimientos financieros y bancarios que hemos obtenido a través de la información brindada por financieras y bancos, en relación con los ingresos legales y conocidos de estas dos personas. Todo funcionario público se encuentra obligado a formular declaraciones juradas patrimoniales de ingresos y egresos, y una comparación de esos dos valores nos ha arrojado la existencia de diferencias importantes’’, aclaró el fiscal.

La imputación hace referencia a aquellos bienes que se encuentran registrados a nombre de los dos imputados, ‘‘En un plazo futuro estaremos sentando postura referente a otras personas que podrían estar implicadas’’ culminó el agente fiscal.