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En la acción penal, también a cargo del juez Moro, el ex presidente es acusado de haber recibido 12 millones para comprar un terreno donde sería construido un inmueble destinado al Instituto Lula. El terreno fue comprado por la DAG, una proveedora de Odebrecht. La transferencia finalmente se frustró, pero según la fiscalía, prueba que el PT tenía “una cuenta corriente informal de la corrupción” con Odebrecht y que el delito consumado está configurado por la simple propuesta y la aceptación del soborno.

La investigación sostiene que Odebrecht también habría pagado un apartamento contiguo al que habita Lula en San Pablo y que una tercera persona se lo alquiló como maquillaje a su ex esposa

Ahora, la Fiscalía pide que se decrete el embargo del apartamento 121 y el pago de 75 millones de reales ( USD 19 M) -valor correspondiente al total del soborno pagado por el Grupo Odebrecht, según las investigaciones.

Fuente: Infobae