Gentileza

La diputada Rocío Vallejo, del PPQ, sostuvo que está en trámite la conformación de la comisión especial para analizar la intervención de la Comuna esteña. “Hablamos de que en una semana tengamos ya una respuesta para todos los casos”, afirmó.

En sus declaraciones resaltó la necesidad establecer un procedimiento uniforme para conformar las comisiones especiales que estudiarán las solicitudes, ya que la Comisión de Asuntos Constitucionales informó que existen otros pedidos de intervenciones. 

De lo concreto, Diputados dio más tiempo al clan Zacarías, ya que inicialmente se pretendía que esta semana se conforme la Comisión Especial, con lo que la intervención debía definirse en la primera semana de novimebre.

Sin embargo, ahora, la comisión sería definida el miércoles 31 del corriente, con lo que recién el 15 de noviembre se tendría un dictamen de dicha comisión sobre los pedidos, y con todo esto eventualmente recién el 21 de noviembre podría incluirse el tema en el orden del día, si es que existe predisposición. 

Señaló que la ley no estipula cómo tienen que estar conformadas las comisiones y puntualizó que será Asuntos Constitucionales el que deberá decidir cómo se procederá al respecto.

Explicó que, para establecer la comisión, se deberá convocar a las diferentes bancadas, que tendrán que nombrar sus representantes y a partir de allí se analizarán los puntos y argumentaciones de los afectados, con un plazo máximo de 15 días para expedir un dictamen.

Resaltó que, una vez emitido el dictamen de la comisión, se podrá tratar el tema en la plenaria. “Antes de fin de año se puede tener (una resolución)", enfatizó.

La solicitud de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este ingresó a la Cámara Baja el pasado 17 de octubre. Los legisladores argumentan que siguen el debido proceso para encaminar el pedido y conformar la comisión especial que analizará el tema. 

La acusación más grave de la Junta Municipal de Ciudad del Este contra la intendenta Sandra McLeod guarda relación con una malversación de los fondos por G. 36.507.512.456 provenientes del impuesto inmobiliario, no respetando las nuevas distribuciones dispuestas por ley. Este es uno de los puntos argumentativos del pedido de intervención del municipio. ABC Color