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“Es obligación del Estado velar para que los magistrados puedan tomar decisiones bajo su discreción, basadas en su interpretación de los hechos”, dijo el relator especial de Naciones Unidas en un comunicado emitido desde Ginebra.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay decidió el pasado mes enjuiciar a los magistrados que anularon las condenas de once campesinos que habían sido condenados por la muerte de varios policías durante el desalojo de sus tierras, un caso que se conoce como la matanza de Curuguaty.

García Sayán opinó que el procesamiento a los jueces Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón Fernández “estaría afectando normas de derecho interno y principios esenciales de la separación de poderes e independencia judicial”.

“Estos son elementos fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos,” sostuvo el relator.

Agregó que ningún juez debe ser destituido o sancionado “por decisiones regulares en el ejercicio de sus funciones”.

El relator dijo que ha estado en contacto con el Gobierno de Paraguay sobre este asunto al considerar que éste debe brindar garantías para que no se produzcan intromisiones indebida o injustificada en los procesos judiciales. EFE