Gentileza.

Los documentos que fueron entregados hoy a la Contraloría son puntualmente sobre las compras realizadas por el municipio en el ejercicio 2018. Según García, esta documentación recién podrá ser auditada cuando se reglamente el proceso de trabajo con el Tribunal de Cuentas. El borrador del convenio entre las instituciones ya fue enviado a la Corte Suprema de Justicia y su definición se daría la próxima semana.

García destacó que el acceso a estos documentos traerá un poco de orden a la situación, que calificó de confusa, que "violaba disposiciones de la Constitución Nacional y también afectaba las competencias de la Contraloría General de la República".

Recordó que a inicios de esta semana se instaló un equipo auditor en las entidades de CDE para verificar los documentos del ejercicio 2018, pero que este -a pesar de la insistencia- no accedió a la documentación porque los directivos le manifestaron que toda la documentación estaba en manos del Ministerio Público en el marco del allanamiento que Delitos Económicos realizó en el mes de septiembre.

“Esto (la auditoría) no fue posible hasta hace minutos; parece que nos están entregando alguna documentación vinculada con contrataciones efectuadas por el municipio”, destacó el contralor.

Por otra parte, la Fiscalía de Delitos Económicos, que tiene en su poder parte del grueso de la documentación original de 2018, expresa que es improcedente la intervención de la Contraloría y no deja acceder a los documentos para su juzgamiento.

El contralor expresó, en este punto, que la Fiscalía no tiene competencias para extraer documentos originales en ejecución de sus funciones y considera que esto es un “impedimento” a la realización de la misión constitucional de la Contraloría. La forma en la que van a resolver el conflicto aún no fue abordada, por priorizar la solución y no la confrontación, según declaró García, quien también destacó que no ve la necesidad de firmar un acuerdo con el Ministerio Público para acceder a esta información, ya que está de forma inapropiada en la Fiscalía. “El camino para resolver esto es respetar la ley”, aseveró el contralor.

Fuente ABC