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Además, la representante de Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a Juicio Oral y Público a los efectos de que sean juzgadas las conductas de los procesados por un Tribunal de Sentencia de Primera Instancia.

Los acusados son: Jair Antonio de Lima, Amado Ramón Gauto González, Carlos Ramón Mendoza, Cesar Augusto Dos Santos Toledo, Emiliana Canale Gamarra, Adan Di Giacomo Giménez, Cecilio Núñez Saldivar, Oscar Alberto Prieto González, Epifanio Godoy Mendoza, Francisco Ruiz Díaz Araujo, Enrique Javier Cespedes Gómez, Pedro Jara Pérez, Rafael Salum Nayar Acuña y Martin Benítez Ruiz Díaz.

Refieren los antecedentes que 2 de mayo de 2018 a las 23:00 aproximadamente en el puesto de control policial n°8 de Concepción Km 4 ruta General Rafael Franco, personal policial del Departamento de Lucha contra el Abigeato procedieron a la verificación de 6 vehículos refrigerados.

Durante el procedimiento se hizo presente Cesar Augusto Dos Santos Toledo, quien se identificó como gerente de la empresa trasportadora comprometiéndose a introducir los citados vehículos en el parque cerrado, siendo trasladados los mismos por disposición del agente fiscal interviniente al predio del Frigorífico, por indicación del gerente de la firma.

Tras este operativo se pudo constar que el señor Jair Antonio de Lima, en su carácter de presidente de la empresa frigorífico Concepción S.A estos productos eran trasportados por conductores de 6 tracto camiones y que él por intermedio de funcionarios a su cargo proporcionó varios documentos. Estos documentos habrían sido entregados por el señor Ademilton Luis Matoso a la agencia Canale para los trámites aduaneros respectivos, siendo la responsable Emiliana Canale Gamarra, despachante de aduanas, quien a su vez a requerimiento del señor Jair Antonio de Lima realizo los trámites administrativos ante la Dirección Nacional de Adunas de Pedro Juan Caballero, habiendo hecho dichos trámites aduaneros para el ingreso de los productos cárnicos, sin la documentación requerida en la normativa vigente.

Sin embargo, según la denuncia realizada por el presidente de la Senacsa, los certificados utilizados por la despachante para la tramitación de estos productos era apócrifos dado que el número de orden salía de rango en algunos casos y en otros el número de orden pertenecían a otro frigorífico.

Asimismo, el Ministerio Público pudo corroborar que cada uno de los funcionarios intervinientes pese a tener conocimiento de la falta de documentación exigida por la normativa vigente dieron curso a la tramitación de los despachos aduaneros de estos productos cárnicos de origen irregular.

Fuente: Ministerio Publico