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La Cámara de Diputados aprobó en general una nueva versión de la tan polémica ley de autoblindaje, puesto que el mecanismo prevé una previa sentencia judicial y agrega al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Al respecto, el diputado Ramón Romero Roa (ANR) señaló que este organismo electoral no tiene esa competencia. “Su competencia está muy bien definida: llevar a cabo las elecciones, juzgar las elecciones y juzgar a los candidatos, ahí termina la tarea del Tribunal Electoral. El tema es que volvemos más complicado esto, para llevar más adelante corporativamente y no asumir una decisión personal”, sostiene.

Puntualiza que esto es un abuso de la decisión corporativa. “Uno, cuando va analizando los siguientes artículos, uno ve que prácticamente una decisión de pérdida de investidura puede no terminar en un periodo de mandato”, opinó, teniendo en cuenta que el proceso se convierte en una especie de carrera de obstáculos.

Romero Roa recordó que la pérdida de investidura está establecida en el artículo 201 de la Constitución Nacional de 1992. En este punto, cabe resaltar que los dos motivos para este procedimiento son el tráfico de influencias y las inhabilidades. En este último punto ya está prevista en la Carta Magna la sentencia judicial, no así para el tráfico de influencias.

Entretanto, aseguró que todavía se puede revertir este proyecto, ya que solo se aprobó en general y falta su estudio en particular. "Uno puede replantear y pedir una reconsideración y eso puede volver a comisión. Eso es lo que podríamos hacer si hay una conciencia más amplia; estamos analizando hacerlo el lunes en la mesa directiva", puntualizó.

"ESTÁ FEHACIENTEMENTE COMPROBADO QUE HUBO TRÁFICO DE INFLUENCIA"

En relación al diputado Carlos Portillo (PLRA), dijo que ya se puede llevar a cabo el proceso de pérdida de investidura. “En el caso de Portillo tenemos una acusación fiscal, entonces está fehacientemente comprobado que hubo tráfico de influencia”, enfatizó.

“Uno no puede engañar a la nueva sociedad. Si uno dice 'vamos a hacer el proceso de pérdida de investidura', que primero aprobemos nosotros, que vaya al Tribunal Electoral, tiene que ir al Ministerio público; eso significa que tiene que haber una sentencia previa que puede tardar, cinco, 10, hasta 15 años en nuestro país. Aparte, la figura de la pérdida de investidura no está vinculada a un juicio ordinario”, concluyó.

En ese contexto, esta madrugada fue quemado un móvil que era utilizado por los ciudadanos autoconvocados, que ahora piden insistentemente que se trate la pérdida de investidura de Carlos Portillo. El diputado es el actual objetivo de este grupo puesto que en meses anteriores han logrado hacer presión para que dejen el Parlamento José María Ibáñez, Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto. 

fuente: abc color