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La ley que regula la elaboración y publicación de encuestas electorales para los puestos de elección popular y referéndum fue vetada totalmente por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a través del Decreto Nº 769 con fecha 28 de noviembre del corriente.

El argumento de la objeción total, según el documento, refiere textualmente que “el proyecto de ley vulnera derechos y principios constitucionales, como ya evidenció el análisis que hizo el Tribunal Superior de Justicia, que además destaca que su aplicación inviable”, subraya.

Asegura además que la aplicación de la normativa entraría en colisión “con las facultades otorgadas a la a la Justicia Electoral por la Constitución Nacional. En efecto, nuestra norma suprema instituyó la jurisdicción el electoral para velar por la regularidad de las elecciones y las garantías del sufragio, no para contribuir a restringir la información que los medios de comunicación pueden proporcionar a los ciudadanos”, enfatiza.

El Senado había aprobado esta normativa en junio de este año sin objeción de ningún legislador y luego tuvo sanción automática en Diputados, puesto que su tratamiento fue postergado en varias ocasiones. Esta ley viola el artículo 6 de la Constitución Nacional, el cual prohíbe dictar leyes contra la libertad de prensa.

En dicha ley se estipulaba una multa que oscila entre los G. 390 millones y G. 680 millones a las empresas encargadas de realizar las encuestas que no se hayan registrado o remitido a la Justicia Electoral todos los datos técnicos cinco días antes de la divulgación a través de un medio.

En ese marco, Julio Ullón, jefe de gabinete de Abdo, había adelantado que el mandatario nacional vetaría el proyecto por ser “ilegal e inconstitucional”, lo cual se concretó a través del mencionado decreto.

Fuente ABC