La nota de Zeta hace referencia a Carlos Alberto Servín Guirland, un funcionario de Petropar comisionado al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), supuestamente vinculado a negociados.

El citado funcionario tiene registro de ingreso a la petrolera desde el 2009. Cuando cumplía funciones de administrador de contratos (2010), la Fiscalía de Delitos Económicos lo imputó por lesión de confianza ya que para los investigadores, Servín Guirland y otros altos funcionarios en ese entonces, fueron quienes autorizaron el pago irregular y causaron un daño patrimonial al Estado de US$ 1.862.050 correspondientes al contrato No 20/2009, firmado con la proveedora argentina Vitol S.A para la provisión de combustible (diésel).
Según fuentes de la investigación, a Petróleos Paraguayos (Petropar) le correspondía pagar a la empresa proveedora US$ 19.961.371, sin embargo, luego de repentinos y sospechosos “cambios” en el contrato, terminó pagando cerca de US$ 22 millones, en violación a lo establecido en el acuerdo en cuanto a las ventanas de cargas acordadas.
De acuerdo a la nómina de funcionarios publicada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Director General de Combustibles Carlos Alberto Servín Guirland, percibe en concepto de Gastos de Representación la suma de G. 1.948.900; Bonificación por Responsabilidad en el Cargo, G. 2.719.110 y por Diferencia de Remuneración recibe G. 1.280.890.
Como funcionario permanente de Petropar, Servín recibe en total G. 12.643.384, de esto, en concepto de sueldo, percibe G. 7.114.800; Complemento Salarial, G. 4.017.200; Bonificación por Antigüedad, 547.218; Bonificación Familiar, G. 164.166 y la suma de G. 800.000 en concepto de Bonificación por Grado Académico.
Carlos Alberto Servín Guirland es el encargado de administrar a nivel nacional y dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de política comercial en materia de combustibles, coordinar con los demás organismos técnicos del Ministerio de Industria y Comercio, así como de otras instituciones gubernamentales competentes, programas interinstitucionales de control y fiscalización del cumplimiento de las normativas vigentes, relacionados con los productos derivados del petróleo de manera a “garantizar” la calidad del producto comercializado en el mercado nacional, dice la nota de Zeta.

Reproducción de la investigación publicada por la Revista Zeta, sobre un funcionario de Petropar y comisionado al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que fue investigado e imputado.