En una decisión unánime (3-0), la Corte dijo que Phyllis Randall, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Loudoun, violó los derechos de Brian Davison a la libertad de expresión de la Primera Enmienda al prohibirle durante 12 horas la entrada a su página "Presidenta Phyllis J. Randall".

La prohibición se produjo después de que Davison asistiera a una reunión del ayuntamiento en 2016, y luego, bajo su perfil en Facebook, "Virginia SGP" acusó a los miembros de la junta escolar y a sus familiares de corrupción y conflictos de intereses. Randall también había eliminado su publicación original y todos los comentarios, incluyendo el de Davison.

El juez James Wynn rechazó el argumento de Randall de que su página de Facebook era un sitio web privado, diciendo que el "componente interactivo" era un foro público y que, entonces, el bloqueo de una persona se trataba de un acto discriminatorio contra otros puntos de vista.

La opinión de Davison "ocupa el centro de la protección que ofrece la Primera Enmienda", escribió Wynn.

La decisión de la Corte de Apelaciones con sede en Richmond, Virginia, confirmó la decisión del juez James Cacheris en la ciudad de Alexandria en 2017.

Katie Fallow, abogada del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, que representaba a Davison, dijo que los funcionarios públicos "no tienen mayor derecho a reprimir la disidencia en línea que fuera de línea".

Aunque otros tribunales inferiores han discrepado sobre si las páginas de medios sociales de los funcionarios del gobierno son foros públicos, el caso de Davison fue el primero de su tipo a nivel de apelación federal, y otros tribunales podrían citarlo como precedente.

Trump ha pedido al Tribunal de Apelaciones en Manhattan que anule la decisión de mayo del año pasado de la Jueza Naomi Reice Buchwald de que no podía bloquear a los críticos de Twitter de su cuenta @RealDonaldTrump.

El Departamento de Justicia, que representa a Trump, argumenta que  la decisión de Buchwald fue "fundamentalmente errónea" ya que el presidente utiliza la cuenta de Twitter a título personal para difundir sus opiniones, no para ofrecer una plataforma para el debate público, y no está obligado por la Primera Enmienda a recibir mensajes que no quiere escuchar. Infobae.com