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En la misiva, el diputado colorado Ulises Quintana, recluido en el penal de Viñas Cue desde hace cuatro meses por sus vínculos al caso de Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, le dice al embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Lee McLenny, que es un “perseguido político” y que sus derechos humanos están siento violados.

A su vez, niega ser un narcotraficante, así como desmiente haber cometido lavado de dinero y dice no ser miembro de ninguna asociación criminal.

Para argumentar sus afirmaciones, expone una serie de puntos en los cuales defiende su inocencia.

En primer lugar explica que cuando fue detenido llevaba solo dos meses ejerciendo la función pública como diputado, y afirma que en ese tiempo no adquirió ningún bien ni realizó ningún gasto que supere su capacidad económica, por lo tanto dice que no cometió enriquecimiento ilícito.

Por otra parte señala que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) no encontró ninguna operación sospechosa vinculada a su persona luego de revisar su patrimonio y sus actividades económicas. Con esto, según el diputado detenido, se descarta el hecho punible de lavado de dinero.

Argumenta a continuación que el jefe de Inteligencia de la Senad, Juan Manuel Jara, declaró ante el Ministerio Público que no se constató ningún hecho que vincule a Quintana con tráfico de drogas, elemento que, según el diputado, descarta su presunta complicidad en el narcotráfico.

Además, Quintana se remite a la desgrabación de 5.000 audios de llamadas interceptadas por los investigadores, y asegura que “no hay uno solo donde se lo escuche hablar o se lo nombre en hechos relacionados al narcotráfico”.

Agrega que las únicas llamadas en las que se escucha su voz, son referentes “a su condición de abogado y se enmarcan en los límites del ejercicio de la profesión”. Es decir, da a entender que cuando habla con Cucho Cabaña, estaba en realidad fungiendo de abogado.

El diputado reclama que su encarcelamiento viola los principios constitucionales y disposiciones legales.

El legislador afirma que haber ordenado su prisión preventiva luego de quitarle los fueros es “una abierta violación al artículo 191 de la Constitución, que prohíbe la privación de libertad de un parlamentario”, expresa.

Por lo tanto, enfatiza que “por imperio constitucional debo responder al proceso penal en libertad”.

En otro momento de la misiva lamentó que no se haya respetado su presunción de inocencia y que la Fiscalía lo haya calificado como “narcopolítico, sin pruebas solo para mostrarse ‘implacables’ y respondiendo a criterios políticos”, expuso Quintana.

En otro de los párrafos aclara que siempre de dedicó a la abogacía, pero eso no significa que haya estado inmerso en las acciones que pudieran realizar sus clientes ni que deba asumir “responsabilidades ajenas”.

Incluso le dice al embajador que está dispuesto a someterse al polígrafo o a cualquier otra prueba técnica para demostrar que dice la verdad.

Finalmente, pide a través del embajador que gobierno norteamericano revise su caso y emita un pronunciamiento o adopte alguna medida paliativa.

Fuente. ABC Color Digital