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El informe presentado por la interventora de la Comuna, que ya está en manos del Poder Ejecutivo, consta de 219 páginas y habla de un cúmulo de 32 irregularidades. Esto, aclarando que la intervención no incluyó una revisión detallada, por lo cual no se descarta que puedan existir otros hechos.

El trabajo de intervención primeramente constató las 15 denuncias presentadas por la Junta Municipal de Ciudad del Este contra la esposa del senador Javier Zacarías Irún.

La primera de estas consiste en una malversación de fondos por más de G. 36.507 millones. Según el informe, se determinó que lo percibido en impuesto inmobiliario se utilizó en gastos corrientes más allá del 40% permitido durante los ejercicios presupuestarios 2016, 2017 y 2018.

El documento señala que esta conducta violatoria de McLeod "amerita la formulación de una denuncia penal ante el Ministerio Público”.

En segundo lugar, se constató que Sandra McLeod recurrió a diversos mecanismos para eludir la rendición de cuentas de su gestión ante los organismos locales y nacionales: la Junta Municipal, la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República.

Asimismo, en tercer y cuarto punto, se verificó que la misma no convocó a audiencia pública de rendición de cuentas e incurrió en el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 5189/2014, de acceso a la información pública.

Otra grave denuncia en contra de la política cartista es el cobro “ilegal” de tributos, percibido conjuntamente con el impuesto inmobiliario. Los contribuyentes, además de su impuesto, abonaban una tasa en otros conceptos.

Del total de lo recaudado por “Prevención y protección contra incendios”, más el “Aporte y contribución para el Cuerpo de Bomberos” que se cobró con el impuesto inmobiliario, de enero a noviembre del 2018, que llegó a G. 4.578 millones, se transfirió a los bomberos G. 256 millones, lo cual representa solo el 6% de lo recaudado.

Esto también podría derivarse a instancias judiciales, advierte el informe.

El sexto punto trata la ejecución de los tributos por estacionamiento controlado en el microcentro. Se detectó que el monto total que dejó de percibir la Municipalidad de Ciudad del Este, con relación al potencial real de recaudación, fue de G. 14.205 millones.

La lista continúa con la posible violación del artículo 190 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, modificando el presupuesto de servicios personales, ampliados por valor de G. 12.000 millones en el ejercicio fiscal 2017, sin aprobación de la Junta.

Otra irregularidad descubierta son las contrataciones a la empresa Frontera Producciones, para publicidad institucional en la Municipalidad. El informe refiere que la contratación de dicho servicio tuvo irregularidades administrativas, entre ellas, la existencia de personas relacionadas laboral y contractualmente con la Municipalidad y conectadas por parentesco entre sí.

Se estima que solo en el 2018 se dio un perjuicio patrimonial por valor de G. 1.061 millones en detrimento de las arcas municipales.

Durante la revisión de las operaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este, se detectó el ocultamiento indebido del pasivo en el balance general correspondiente al ejercicio 2017, totalizando la suma de G. 46.106 millones.

McLeod también habría incurrido en la falta de pago de servicios personales (sueldo, jornales, dieta) en tiempo a los funcionarios. Además, se habla del incumplimiento de ordenanzas dictadas por la Junta Municipal y la inasistencia a la sesión de dicho órgano comunal por lo menos cada cuatro meses, entre otras aristas.

Entre otras cosas, igualmente, se halló que cuentas judiciales afectan el activo, así como una presunta sobrefacturación en la contratación de empresas de servicio para la disposición final de residuos sólidos.

De la misma manera, se constató el cobro indebido de honorarios por parte de funcionarios que no asisten. Además de equipos de transporte (vehículos automóviles, motos, camionetas, camiones y maquinarias pesadas) que se encontraban en desuso, pero que figuraban en funcionamiento.

Hay también irregularidades en la concesión de la explotación y administración de la terminal de ómnibus y la parada interurbana del km 7 a la empresa Itá Paraná Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Agropecuaria SA.

Este jueves, en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados, a partir de las 9.00, analizará el dictamen del Poder Ejecutivo. Los legisladores deberán disponer la remisión de los antecedentes al Ministerio Público. con información de UltimaHora