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Si el informe de la intervención de Carolina Llanes en relación a las irregularidades encontradas en la Municipalidad de Ciudad del Este parecían muchas —30 en total— el dictamen 01/2019 de la Contraloría General de la República acumula una cifra bochornosa: 90.

Desde la falta de comprobantes por el estacionamiento tarifado, pasando por la construcción de empedrados de pésima calidad hasta órdenes de pago “genéricas”, el reporte da cuenta del festín dentro de la Municipalidad de Ciudad del Este con los recursos públicos del contribuyente esteño bajo el comando de Sandra McLeod, una de las piezas clave del clan Zacarías Irún.

Este informe de Contraloría corresponde al ejercicio fiscal de 2018 con documentos analizados hasta el 19 de enero de 2019. Forma parte de un trabajo coordinado entre el equipo interventor y la Contraloría. Dentro del texto se precisa que el reporte final y conjunto recién estará para agosto de este año, siendo este un informe preliminar.

Contraloría resaltó que muchas de las irregularidades no pudieron ser detectadas a tiempo a raíz de “la reiterada y recurrente intención (...) de evitar los controles (...) valiéndose para ello de presentaciones antojadizas y de dudosa validez ante los estrados judiciales”.

El contralor Enrique García firmó el documento en donde se afirma que “huelga decir que el caos administrativo en el cual se halla inmerso la administración municipal auditada (...) exteriorizan la necesidad de que los organismos y demás entidades del Estado sometan sus actuaciones al control del órgano constitucional establecido para el efecto”, es decir, la Contraloría.

Este reporte fue enviado hoy al diputado Salyn Buzarquis, presidente de la Comisión Permanente del Congreso con el expreso mensaje que dentro de las irregularidades hay cuestiones penales que son competencia de la Fiscalía y dudosas licitaciones que debe investigar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Diputados prevé reunirse en una sesión extraordinaria mañana jueves para tratar el informe de la intervención. Allí deben decidir si echar o no a McLeod de su cargo. Legisladores afirmaron que habría los 41 votos necesarios para hacerlo. Sin embargo, el pasado lunes los concejales oficialistas aceptaron su renuncia y nombraron a Celso Miranda como intendente en una sesión ilegal, lo cual genera un problema jurídico en el proceso de intervención. con informacion de ABC Color