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Un juicio sin precedentes contra 12 líderes secesionistas catalanes por su participación en el proceso independentista de esa región en 2017 comenzó este martes en el Tribunal Supremo español, precedido por cortes de tráfico y protestas en Barcelona por parte de los grupos independentistas radicales.

La audiencia, que se limitará a cuestiones previas de procedimiento, comenzó poco después las 10 (hora local, 9 GMT) en Madrid, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Los nueve acusados en prisión provisional fueron trasladados en furgones de las fuerzas del orden desde cárceles cercanas a Madrid.

En simultáneo, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) interrumpieron el tráfico con la quema de neumáticos en la autopista AP 7 (que recorre Cataluña), en puntos de las provincias de Gerona y de Barcelona.

Según informaron fuentes oficiales, también cortaron la Gran Vía de Barcelona, lo que provocó importantes retenciones en la entrada a la ciudad, mientras la Guardia Urbana de Barcelona también informaba de problemas de tráfico en una de las principales arterias por una concentración de personas.

Los 12 políticos están acusados de participar de manera activa en la celebración de un referéndum ilegal sobre la secesión de la región de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán el 27 de ese mismo mes.

El principal protagonista del intento de secesión, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, será el gran ausente del juicio, ya que España no juzga delitos graves en ausencia. Sí que estará su ex vicepresidente, Oriol Junqueras, contra el que la fiscalía pide 25 años de prisión.

Como respuesta a este proceso independentista, el Gobierno español cesó de inmediato al Ejecutivo catalán, asumió sus competencias y convocó nuevas elecciones regionales, mientras que la Justicia abrió una causa para dirimir responsabilidades a raíz de la querella presentada por el Ministerio Público.

Está previsto que el juicio se prolongue durante unos tres meses.

Los siete jueces que forman parte del tribunal tendrán que decidir si en los hechos que se juzgan hubo violencia o no, y por tanto, los acusados habrían cometido un delito de rebelión, que conlleva penas de hasta 25 años, o de sedición, con menos cárcel.

El proceso, que ha provocado una gran expectación, será seguido por más de 600 periodistas de más de 170 medios nacionales e internacionales y, además, con el fin de dar máxima transparencia, las sesiones podrán seguirse por televisión y en “streaming”.

Fuente: Infobae