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En declaraciones a Radio Nacional del Paraguay, Peralta recordó que el caso fue presentado en el 2.002 ante el organismo internacional y que seis años después la Comisión Interamericana emitió su informe, donde admite el caso, tras haber cumplido con los requisitos formales por lo que decidió investigar el mismo.

“Paraguay no puede continuar el proceso si es que la Comisión no insta a que realice ciertas observaciones o informe, sobre la inadmisibilidad o sobre el fondo de algo. Pero entre admisibilidad y el fondo según el reglamento se puede llevar a un acuerdo de solución amistosa”, explicó al tiempo de indicar que el país se caracteriza por tener una gran solución amistosa por presupuestas victimas del sistema interamericano, evitándose así la sanción.

En ese sentido recordó que entre el 2008 y 2010 se intentó realizar un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y los involucrados (Arrom y Martí), al cual el Ministerio Público desde el primer momento se opuso, atendiendo a que son prófugos y solicitaron su desvinculación del proceso penal en el caso del secuestro de la señora María Edith Bordón Debernardi, ocurrido en el 2.001.

“Eso era imposible para la justicia, ya que atenta contra toda lógica, entonces esto se rechaza en el 2.010, se le comunica a la Comisión que no es posible llegar a un acuerdo de solución amistosa, por lo que se debe contestar sobre el fondo y se emiten las observaciones finales. El Estado lo realiza en el 2.011, ahí queda trabado la litis, en lenguaje jurídico y sobre esos términos la Corte IDH debe emitir su informe de fondo”, detalló.

Siguió mencionando que del 2011 al 2017, se recibieron efectivamente ciertos traslados de documentos que hace la Comisión a Paraguay, al tiempo de aclarar que el Estado tiene la opción de contestar o no si así lo desea, debido a que ya respondió la cuestión sustancial en el 2011, es decir terminó la obligación en términos procesales, por lo que el organismo debía dar su informe de fondo.

Entre los documentos recibidos se encontraba el libro de Cristina Arrom, hermana de uno de las supuestas víctimas, que obligaba a la defensa paraguaya a leerlo para que pueda realizar su contestación pertinente, en un plazo de un mes.

“Responder o no, no hacen a un estado de indefensión del Estado paraguayo, porque lo que se tenía que responder se hizo en su momento, que fue en el 2011 con el informe de fondo, a su vez la Comisión dicta su informe final en el 2017 y nos notifica el 12 de setiembre del 2017”, añadió.

En otra parte sostuvo que desde el 2002 al 2017, se tiene un procedimiento ante la Comisión Interamericana que excede cualquier plazo razonable, al tiempo de señalar que no puede un proceso estar 15 años ante la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Peralta reiteró que todo lo que se le preguntó al Estado se contestó en tiempo y forma. “No hubo en ningún momento indefensión o desprotección a los paraguayos con respecto a la actividad del Estado, no debemos politizar el tema”, añadió, por el contrario dijo que debe ser una causa nacional.AIP