Gentileza

Esta acción no descarta el control por parte del Tribunal de Cuentas, y además el juzgamiento de los actos administrativos, incluso con la potestad de poder determinar la comisión de algún hecho punible.

Independientemente a este recurso planteado, los actos administrativos, así como llamados y procesos licitatorios se encuentran disponibles a través de los mecanismos de comunicación de la institución para acceso a la ciudadanía.

La eventual auditoria de las cuentas del Ministerio Público por un órgano cuyo titular y máxima autoridad está imputada, y personas vinculadas al proceso ya se encuentran acusadas, resta objetividad a ese proceso de control, y puede restar autonomía e independencia para la investigación penal. La pertinencia de excluir ese conflicto de intereses de la CGR y que las cuentas y actos administrativos sean juzgados por un órgano imparcial.

Antecedente: Enrique García sigue imputado

El señor Enrique García, quien ejerce actualmente el cargo de Contralor General, fue denunciado por una serie de hechos relacionados con su gestión como asesor jurídico de la Municipalidad. Tras las investigaciones llevadas a cabo, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Leonardi Guerrero, formuló imputación por los delitos de Producción de documentos y Uso de documentos públicos de contenido falso contra el actual contralor, Enrique García. Asi mismo, solicitó al Juzgado de Garantías medidas alternativas a la prisión.

El proceso penal obedece a que García, en su carácter de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, no apeló un fallo arbitral que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, incluso, se recuerda que el fiscal Guerrero también imputó a Julio Giménez y Rodolfo Duarte por los mismos hechos punibles que García.

El Ministerio Público inició una investigación en el 2016. El hecho fue investigado en principio como Lesión de confianza por presunta omisión, ya que no se apeló la sentencia del tribunal arbitral que condenó al municipio de Asunción a pagar a la firma Ivesur. La conducta investigada sería del ex director jurídico de la comuna, quien debía presentar la apelación correspondiente al presente caso. El hecho se pudo corroborar mediante decisión de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Primera y Quinta salas, que señalan que la Municipalidad de Asunción no recurrió el fallo condenatorio que dispone abonar la millonaria suma de US$ 3,6 millones a Ivesur en concepto de indemnización.

De acuerdo a los datos, el entonces funcionario de la dirección de Asesoría Jurídica de la comuna, Rodolfo Duarte, era presuntamente el encargado de presentar el escrito de apelación y se dio a conocer públicamente un documento que supuestamente fuera recibido en el Poder Judicial.

En dicho documento se puso sello y firma de que el escrito fue recibido en la primera sala. Sin embargo, con pericias realizadas a los funcionarios de dicha dependencia judicial, más testimonio recabados, la Fiscalía confirmó que la firma que aparece en el recibido fue falsificada.

Los acusados recurrieron la Audiencia Preliminar, por tanto esta sigue pendiente, pero el requerimiento conclusivo de Acusación fue presentado en tiempo y forma.

El señor Enrique García sigue imputado por la Fiscalía, si bien accionó judicialmente y planteó un recurso de nulidad, la imputación no fue anulada, solo quedaron anulados los actos posteriores, pues la Cámara entendió de que tiene fueros. Por tanto, no se ha sometido a la Justicia para el esclarecimiento de este hecho que se le atribuye y aun tiene vigencia en correlación a los hechos de los otros imputados. El Fiscal interviniente consideró que no correspondía la protección de los fueros en este caso y presentó otro recurso a la Corte Suprema quien también avaló a la Cámara de Apelación, en relación de que el Contralor Enrique García tiene fueros que le protegen. La Corte señala que efectivamente se debe esperar y se suspende el plazo mientras tenga fueros a través del cargo, por tanto aún está sujeto al proceso y será investigado nuevamente una vez concluya su mandato constitucional.

La defensa había recusado al fiscal Leonardi Guerrero, pero la Fiscalía General lo confirmó, la defensa impugnó esta resolución y la Corte confirmó la competencia del agente fiscal, quien señala que "no tiene dudas sobre la imputación y esta se encuentra sobradamente fundamentada". Fuente: Ministerio Publico