Gentileza

El Contralor ratificó que no se trata de una cuestión personal contra Sandra Quiñonez,  y que es algo institucional y aclaró que en el año, se establece un plan general de actividades de control a varios entes, y uno de los que debe ser auditado es precisamente el Ministerio Público.

García, lamentó la acción de inconstitucionalidad presentada por la titular de la Fiscalía General para eludir controles a la institución a su cargo.

La Corte Suprema hizo lugar a la medida solicitada por la fiscal Sandra Quiñónez donde se suspende los efectos de la Ley Nº 2248/2003, que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

En cuanto  a los reportes de hechos punibles  detectados por la Contraloría y remitidos a la fiscalía dijo que ascienden a más de 45 mil 912 millones de guaraníes. Agregó que esto debe derivar en denuncias concretas que se transformen a su vez en causas penales para apuntar a recuperar el patrimonio robado al estado.

Imputación contra García