Los agentes Anticorrupción solicitaron juicio oral y público por el hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. Este equipo de trabajo fue dispuesto por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, debido a la complejidad del caso. La Fiscalía Anticorrupción estima un perjuicio patrimonial de G. 15.381.715.000.

El extitular del INDERT autorizó, vía resoluciones presidenciales, de la percepción de sumas de dinero inferiores a los precios vigentes al momento de la realización de los trámites de adjudicación y titulación de inmuebles por parte de otras 13 personas, acusadas como cómplices del hecho punible: Enriqueta Guerrero de González, Hermes Barrios Gaona, Mirtha Graciela Díaz De Palacios, Elvio Aurelio Araujo Florentín, Martín López Agüero, Silo Guerreros Acosta, Mirta Lourdes Araujo Armoa, Antenor Dionisio González, Anselmo Benítez González, Alfredo González Ramírez, Ide Joel González Ramírez, Lino Marín Brizuela y Bernardino Benítez González.

Ortigoza, en su carácter de titular del INDERT, durante los meses de noviembre y diciembre del 2012, resolvió la exclusión de 13 lotes (totalizando 52.000 hectáreas) solicitados en expedientes administrativos, ubicados en la Colonia Mayor Pablo Lagerenza, Distrito Bahía Negra, del Departamento de Alto Paraguay. La imputación fiscal había sido presentada en abril del 2014.

Refiere parte de la acusación: “la mera adjudicación de los inmuebles pretendidos por los coimputados no tendría relevancia penal alguna, si además de dichas adjudicaciones no fueran dictadas sendas resoluciones firmadas por el titular del INDERT, por las cuales se dispone la exclusión de la aplicación de los precios vigentes al momento de la adjudicación y titulación de los inmuebles, dando plena credibilidad a las fotocopias simples presentadas en los expedientes de reconstitución.

En todos los casos, dicha cartera recibió como pago por el precio de venta apenas un 10% del valor vigente de tierras en dicha zona (cuyo valor de mercado inclusive es superior)”.

Solicitud de embargo apunta a transferir nuevamente inmuebles al INDERT.

Los agentes fiscales Fernández y Cabrera solicitaron el embargo preventivo y la anotación de la Litis sobre los nueves lotes: N° 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 26. También la anotación de la Litis y la prohibición de innovar y de contratar de cuatro lotes: N° 22, 23, 27 y 28.

Al respecto, el fiscal René Fernández explicó: “la anotación de la Litis es una medida cautelar en la que se hace constar en el Registro Público de que cierta propiedad se encuentra en un litigio judicial. Si existiese alguna persona que quiera comprar o vender, al pedir informes, dicha anotación salta a la vista. Es decir, es una medida cautelar para asegurar la reparación del daño; el objetivo final de la Fiscalía es que esos inmuebles sean transferidos al INDERT una vez terminado el proceso penal”.

Asimismo, el equipo de agentes Anticorrupción solicitó la revisión de las medidas cautelares personales aplicadas para el acusado Ortigoza, con la finalidad de asegurar su sometimiento al proceso.

Foto: Gentileza ÚH