Soportan cargo por la supuesta comisión del hecho punible de Producción de Documento no Auténtico

LaVozpy/Judiciales.-El agente fiscal Sergio Irán Villalba pidió la rebeldía de dos mujeres que habrían falsificado una resolución judicial para levantar un embargo preventivo y vender irregularmente una propiedad, por segunda vez. Se trata de Laura Marlene Silva Sosa, domiciliada en barrio San Isidro de Ciudad del Este, y Diana Marlene Duarte González, con residencia en el kilómetro 20 de la ciudad de San Lorenzo. Las mismas soportan cargo por la supuesta comisión del hecho punible de Producción de Documento no Auténtico.

Según los antecedentes, el 14 de octubre de 2010, el ciudadano Leonardo Benítez Orquiola adquirió supuestamente de Laura Marlene un inmueble, identificado como Lote 04, Manzana "B", con superficie de 360, 7 metros cuadrados, finca número 17.308, ubicado en el kilómetro 7-8 Monday de la capital del Alto Paraná, con la obligación de realizar la escritura pública.

Sin embargo, a raíz del incumplimiento de este acuerdo, el comprador inició una demanda en el ámbito civil y comercial, recayendo la causa en el Juzgado a cargo del magistrado Atilio Saguier, quien mediante proveído de fecha 28 de diciembre de 2011 decretó la medida cautelar de prohibición de contratar sobre la finca 17.308 y libró oficio en fecha 29 de diciembre de 2011 y comunicó en esa misma fecha al Registro Público.

Luego, el 14 de febrero del 2014, el juzgado solicitó informe al Registro, en el marco de la demanda sobre la condición de dominio referente a la finca número 17.308. La entidad estatal informó que dicho inmueble estaba transferido en su totalidad e inscripto a favor de Leonardo Giménez y Andresa Leiva Giménez, según escritura pública de fecha 1 de julio del 2012.

Como podrá notarse, la transferencia se habría realizado luego de dictarse la orden judicial que prohibía contratar sobre la finca en cuestión. Laura Marlene y Diana Duarte habrían falsificado un oficio judicial, sin número, de fecha 6 de mayo de 2012, ordenando supuestamente el levantamiento de la medida cautelar, a fin de vender la propiedad. Finalmente, el Juzgado confirmó que en ningún momento ordenó el levantamiento de la medida judicial y que el documento utilizado es apócrifo.

A raíz de estas presuntas irregularidades, el afectado formuló la denuncia en el Ministerio Público. El fiscal Irán Villalba reunió los elementos probatorios contra las dos mujeres y ahora presentó la imputación, con el pedido de rebeldía