Reproducción de la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por el cual rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la firma Mega Service S.R.L. Pese a ello fue beneficiada en otra adjudicación.

El multimillonario monto que deberá pagar el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas por la adquisición de municiones y accesorios asciende a más de G. 3 mil millones. El desembolso deberá hacerse en beneficio de la empresa Mega Service S.R.L, que fue inhabilitada por tres meses para contratar con el Estado por no haber cumplido con la entrega de armas a la SENAD.
Sugestivamente, la citada firma fue adjudicada en momentos en que se encontraba sancionada por la DNCP según se evidencia en la resolución N° 3432/2015 firmada por el titular de la institución, Santiago Jure.
El director jurídico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Luis Godoy, había explicado a lavozdigital.com que la inhabilitación de las empresas proveedoras del Estado quedan firmes administrativamente una vez que la notificación del resultado del sumario no haya sido recurrida en un plazo de cinco días. Godoy suministró los datos al ser consultado sobre una adjudicación del Comando de la Armada a la empresa Mega Service S.R.L. por unos G. 10 mil millones pese a que la citada firma ya se encontraba inhabilitada.
La empresa Mega Service S.R.L., de Mario Mareco, fue beneficiada estando ya suspendida, en el marco de una convocatoria hecha por el Comando de la Armada. Todas las piezas encajaron en forma "armónica" para que la citada firma se beneficie con un nuevo millonario contrato con el Estado, en abierta violación a las leyes vigentes.
La firma de Mareco fue inhabilitada el 6 de noviembre pasado junto con las empresas Rov Trading S.A. y Glorimar SACI, de acuerdo con los datos confirmados.
Lo más llamativo de todo es que la DCNP rápidamente subió a su web la decisión de inhabilitar a las dos firmas citadas. Sin embargo, la resolución contra Mega Service S.R.L. jamás fue colgada en el portal hasta que periodistas de lavozdigital.com llamaron y preguntaron al respecto.
Las presunciones apuntan a confirmar que hubo una deliberada maniobra para favorecer a Mega Service, hasta que lograra asegurar la adjudicación del Comando de la Armada. En ese sentido, existen fueres sospechas que desde la la DCNP, "le pasaron una manito" a la empresa de Mareco.
"Cuando recepcionamos una denuncia contra una firma, una empresa, se inicia un sumario. El resultado, la amonestación o inhabilitación, se notifica a la empresa y ella queda firme si en el plazo de cinco días no se recurre por la vía del recurso de reconsideración. Si se recurre, existen otros diez días para que se sustancie el recurso. En caso de que no se recurra, se entiende que hay una especie de consentimiento de la empresa", había indicado Godoy ante una consulta periodística.
Al preguntársele la razón por la cual la DCNP no subió a su portal la inhabilitación de Mega Service mientras que la de las otras dos firmas inmediatamente fue publicada, sostuvo que "hasta que la resolución no queda firme, la empresa puede seguir en competencia para contratar".
Poco antes de que Godoy contestar las consultas, la DCNP colgó en su sitio "el rechazo del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Mega Service S.R.L. contra la resolución N° 3432/15 de fecha 6 de noviembre de 2015 dictada en el marco del expediente caratulado: 'Sumario instruido a la firma Mega Service S.R.L. con RUC N° 80017477-1 en el marco de la contratación por la vía de la excepción para la adquisición de equipos de seguridad, convocada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)-Id 2644427", dice la resolución de Contrataciones Públicas.
Mario Mareco, dueño de la empresa Mega Service SRL había sido investigado por la Contraloría General de la República (CGR) en el año 2008 cuando otra de sus firmas, Eco Rural SRL, vendió al SENEPA maquinas fumigadoras portátiles a precios sobrefacturados.

Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación otorgó otra millonaria adjudicación a Mega Service S.R.L. estando inhabilitada por tres meses para hacer contratos con el Estado. Este caso podría ser investigado por agentes de Delitos Económicos del Ministerio Público.