La ley desato protestas masivas y enfrentamientos con la Policía

LaVozpy.- El Gobierno de Hong Kong podría retirar la controvertida ley de extradición a China, que ha desatado protestas masivas y enfrentamientos con la Policía. Así lo ha sugerido este viernes el coordinador del Consejo Ejecutivo, Bernard Chan, quien hace de consejero jefe de la principal autoridad de la ciudad, Carrie Lam. En una entrevista en la radio pública «RTHK», Chan ha reconocido que «es imposible discutir (el proyecto de ley) bajo tal confrontación», según informa ABC de España.

El miércoles, decenas de miles de personas, la mayoría jóvenes y adolescentes, rodearon el Parlamento local para impedir la tramitación de esta ley, que temen les hará perder las libertades de las que disfruta Hong Kong, mayores que en el resto de China. En medio de graves choques con la Policía, los peores en esta apacible y desarrollada ciudad desde la «Revuelta de los Paraguas» en 2014, el Consejo Legislativo (Legco) se vio obligado a aplazar sin fecha el debate parlamentario. Con 80 heridos, 20 de ellos policías, y once detenidos, la dispersión por la fuerza de la protesta ha conmocionado a Hong Kong, poco acostumbrada a estos incidentes violentos.

Presionando al Gobierno local para que retire el proyecto de ley, los manifestantes han convocado otra movilización para este domingo. El pasado fin de semana, una marcha similar reunió a un millón de personas, según los organizadores. Aunque la Policía redujo la cifra a 240.000 asistentes, se trata de una de las movilizaciones más multitudinarias que ha vivido esta antigua colonia británica desde su devolución a China en 1997.

Tras las protestas, la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, insistió en una entrevista televisiva en que la ley saldrá adelante, pero las palabras de su consejero jefe podrían indicar un cambio de actitud. «Al menos no deberíamos aumentar el antagonismo», advirtió en la radio local Chan, quien reconoció haber subestimado el fuerte rechazo que esta iniciativa ha despertado entre la sociedad hongkonesa y su poderosa comunidad empresarial, una de las más ricas del planeta. «Lo que pasó el miércoles es entristecedor y no es algo que queríamos ver. De hecho, tenemos que revisar lo que hacemos», entonó el «mea culpa». Tras recomendar a su superiora que reevalúe la situación, señaló que «nuestra primera tarea ahora es cómo calmar al público para evitar más choques en el futuro».

La misma opinión mantienen un grupo de 22 antiguas figuras políticas y responsables de anteriores Gobiernos. Entre ellos destacan Anson Chan, quien fue secretario jefe del Gobierno; Andrew Wong, que presidió el Parlamento; y Peter Lai y Liz Bosher, que dirigieron en el pasado las carteras de Seguridad y Economía. En una declaración muy crítica con la jefa ejecutiva, han pedido al Gobierno que «ceda a la opinión pública» y retire la ley para más consultas ciudadanas. «Una sociedad profundamente dividida y serias preocupaciones de la comunidad internacional. ¿Son estos los sacrificios a hacer para satisfacer la voluntad de la jefa ejecutiva? ¿A qué gran interés público se supone que sirve la apresurada aprobación de la ley? ¿Adónde llevará esta escalada de la fuerza policial para suprimir las protestas?», se pregunta el comunicado, según recoge RTHK.

Mientras tanto, y en medio de una calma tensa, Hong Kong se prepara para un nuevo fin de semana de movilizaciones. Vestidos de negro, los contrarios a la ley de extradición, desde los diputados prodemocráticos hasta miembros del grupo juvenil Demosisto, están ya anunciando por las calles y paradas de metro la manifestación convocada para el domingo y una huelga para el lunes. Con estas protestas, Hong Kong se rebela contra el cada vez mayor control del autoritario régimen chino, que le prometió conservar sus libertades y su independencia judicial hasta 2047 bajo el principio de «un país, dos sistemas». Aunque las autoridades insisten en que la ley de extradición solo afectará a crímenes o violaciones con penas mayores de siete años de cárcel, a los hongkoneses les aterra la idea de ser juzgados en China continental, donde los tribunales están supeditados al régimen del Partido Comunista y temen que sus derechos no estén garantizados.