La ministra de Educación chilena, Adriana Delpiano, celebró la aprobación de la ley de gratuidad universitaria en la Cámara de Diputados.

En un rápido trámite en las Cámaras de Senadores y Diputados entre el lunes y esta jornada, se aprobó esta norma mediante la cual las universidades públicas pasarán a ser gratuitas desde 2016.

En tanto, universidades privadas también podrán adherirse a este sistema, traspasando el costo de los aranceles que pagan sus estudiantes al Estado, pero también deberán cumplir requisitos, como no tener fines de lucro, tener participación estudiantil en su directiva y estar acreditadas ante el Estado al menos cuatro años.

El próximo año, la gratuidad irá en beneficio de unos 178.000 universitarios más pobres, pero la intención de la presidente Bachelet es que, hasta 2020, todos los estudiantes de educación superior puedan ser favorecidos.

"Este es un gran paso, no es todo, esperamos en los años siguientes seguir avanzando para que más estudiantes puedan ingresar a este derecho", dijo Adriana Delpiano, ministra de Educación.

Los institutos profesionales y centros de formación técnica no contarán con la gratuidad desde 2016, sin embargo, el Gobierno determinó que se entreguen 140.000 becas para sus estudiantes que van desde los 1.000 a los 1.200 dólares. Estas instituciones deberán ingresar al sistema de gratuidad de forma gradual en un plazo de tres años, según indica la norma.

La ley es parte de la reforma educativa que fue una promesa de campaña de la presidente Bachelet y busca implementar un profundo cambio al sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo a la mitad el aporte público y fomentó el ingreso de los privados, con leyes que facilitaron la creación de universidades y colegios privados.

Dentro de esta reforma, Bachelet logró en 2014 aprobar la llamada Ley de Inclusión y retiró a las municipalidades la administración de los colegios públicos chilenos.

Los estudiantes chilenos han expresado sus reparos por la reforma educativa, la cual tildan de "insuficiente" para responder a sus demandas sobre calidad y gratuidad total en la educación local, que exigen desde 2011 con masivas manifestaciones; la última de ellas, el martes, en la que acusaron al Gobierno de llevar adelante una ley de gratuidad "improvisada".