La investigación de la Revista Zeta sobre presuntas anomalías descubiertas en el Hospital de Policía “Rigoberto Caballero” durante la intervención que supuestamente el comandante Crio. Gral. Críspulo Sotelo quiso tapar.

En mayo de 2015 asumió como comandante de la Policía Nacional el Crio. Gral. Críspulo Sotelo, en reemplazo del destituido Francisco Alvarenga, procesado por el supuesto multimillonario robo del combustible de la institución. Semanas después, el 1 de julio, se inició una intervención en el Hospital de Policía “Rigoberto Caballero” por orden de Sotelo, a raíz de supuestas irregularidades principalmente en el manejo administrativo, así como situaciones que atañen a Recursos Humanos por la ausencia masiva de médicos, llegadas tardías de personal y doble cobro de salarios, entre otros, publica Zeta.

Como primera medida fue destituido de inmediato el director del hospital, Crio. Princ. Reinaldo Aguilera, y suspendido en sus funciones el director de Sanidad, entonces Crio. Princ. Mario Ismael Figueredo. Ambos fueron sindicados en ese momento como supuestos principales responsables de las irregularidades.

La intervención en principio debía durar 30 días y se conformó un equipo de trabajo integrado por la titular de Relaciones Públicas de la Policía, Crio. Princ. Elisa Ledesma, el director de Logística Crio. Princ. Ceferino Duré; el director del Isepol, Crio. Princ. Prudencio Burgos; el asesor jurídico Crio. Princ. Clemente López y el director de Asuntos Internos, Crio. Princ. Eladio Sanabria, entre otros. Sin embargo, el trabajo concluyó recién hace poco más de un mes, según reveló a ZETA Investiga la propia vocera de la Policía, Crio. Princ. Elisa Ledesma.

La jefa policial añadió que su grupo de trabajo se centró en las denuncias de irregularidades en Recursos Humanos y detectó masivas ausencias injustificadas de varios funcionarios, otros que acudían solo dos veces por semana, algunos trabajan en dos lugares pero no presentaron la documentación pertinente al respecto, entre otras, dice la nota de Zeta.

“En lo que atañe a mi grupo de trabajo, pusimos en orden todas las cuestiones que tengan que ver con Recursos Humanos, apercibimos a los que no llegaban a hora, exigimos los documentos a los que trabajan en dos lugares. Tomamos varias medidas para corregir las irregularidades que detectamos”, señaló Ledesma. Sin embargo, sobre el manejo administrativo dijo desconocer los detalles y aseguró que el informe completo fue entregado al comandante de la Policía, Crio. Gral. Críspulo Sotelo.

Fuentes de la propia Policía revelaron que se detectaron una serie de irregularidades en la administración del Hospital “Rigoberto Caballero”, como la adquisición fraudulenta de los insumos, obras en construcción inconclusas en el plazo establecido y el mal uso de los descuentos habilitados a los asegurados, entre otros.

Sin embargo, el máximo jefe de la institución supuestamente “cajoneó” el resultado de la intervención donde se detallan los malos manejos administrativos, con la intención de continuar con el esquema instalado hace tiempo para desviar los multimillonarios ingresos que obtiene el centro asistencial a través del aporte obligatorio de los uniformados asegurados.

Las fuentes aseguraron que el Hospital de Policía es una institución apetecible para los altos jefes policiales, por la elevada recaudación en forma mensual a través del aporte de
los asegurados. Estimativamente se descuenta del salario de cada uniformado G. 150.000 en forma mensual. Actualmente hay más de 28.000 agentes en la institución, lo que representa unos G. 4.200 millones cada mes.

La Contraloría General de la República, a través de su titular Roy Rodgers, debería intervenir de oficio la institución policial a raíz de las serias sospechas de corrupción que afecta principalmente al manejo administrativo del centro asistencial de los uniformados.

¿QUÉ SE HACE RESPECTO A ESTO?
Los agentes que conformaron el equipo de interventores del Hospital de Policía difícilmente podían emitir informes de irregularidades que se detectaron en el centro asistencial, ya que todos son menos antiguos que el comandante Críspulo Sotelo. Ante esa situación “maquillaron” los datos y, posteriormente, el propio jefe de Policía se encargó de guardar la información.

Por otro lado, los policías asegurados a pesar de que aportan montos que en su conjunto representan varios miles de millones al mes, no reciben atención médica gratuita, tal como debe producirse teniendo en cuenta que los descuentos en la teoría son precisamente para ese fin.

Por el contrario, deben correr con los gastos de adquisición de costosos medicamentos que para colmo de males presuntamente son sobrefacturados y falsificados, lo que de hecho ya representa un verdadero vía crucis.

Ante esta situación, además del padecimiento que significa la enfermedad que los conduce a buscar asistencia en el Hospital de Policía, se ven obligados a endeudarse muy por encima de sus posibilidades económicas en la cuestionada Cooperativa 17° de Mayo, que sin embargo en forma campante y compulsiva realiza los descuentos. Es decir, a pesar de la quiebra en la que se encuentra la citada entidad, sigue facturando multimillonarias sumas hasta hoy.

Pese al rechazo masivo de los agentes de seguir figurando como socio de la referida Cooperativa, a raíz de varias sospechas de irregularidades, esta continúa operando, por lo que sería bueno que las instituciones responsables de velar por la buena operatividad de este tipo de institución intervengan e investiguen a los que se benefician con su funcionamiento.

PREMIÓ AL COMISARIO SUSPENDIDO
El comandante Críspulo Sotelo no solo oculta las irregularidades, sino realizó llamativas movidas en la cúpula de la Policía aparentemente para “proteger” el esquema en el principal nosocomio de la institución.

El Crio. Princ. Mario Ismael Figueredo, quien fuera suspendido como director de Sanidad bajo la sospecha de ser uno de los responsables de las irregularidades, no solo fue repuesto al cargo, sino ascendido a Crio. Gral. Director.

Presuntamente se trató de una maniobra de Sotelo para asegurar el “buen funcionamiento” de la vieja práctica de recaudación. Por su parte, a inicios de noviembre el director de Bienestar Policial, Crio. Gral. Director Marcial Cabrera, camarada del comandante Sotelo, fue apartado del cargo supuestamente por las irregularidades y en su reemplazo asumió el Crio. Gral. Director Ceferino Duré, uno de los interventores.

Marcial Cabrera, siendo comisario general director, fue asignado titular de la Dirección de Apoyo Táctico, un cargo propio de un oficial de menor rango, es decir un comisario general inspector. Fuentes policiales aseguraron que el uniformado aceptó el cambio para evitar pasar a retiro y, además, bajo la condición de que no trascienda el resultado de la intervención, revela la investigación de la Revista Zeta.

Revista Zeta publica en su edición de enero de 2016 una profunda pesquisa relacionada al manejo administrativo del hospital de todos los agentes de la Policía.