El documento refiere que el Estado debe garantizar la salud como un bien de interés superior a la disputa de intereses sectoriales que pueden distorsionar la relación entre las necesidades y demandas legítimas de cuidado de la salud y las respuestas básicamente mercantilistas. En este marco, la opción de algunas personas de contratar servicios de medicina prepaga y la responsabilidad del Estado de garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos, no exime al Estado de garantizar el derecho a la salud para todos los ciudadanos.

La iniciativa parlamentaria refiere que la autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de la Superintendencia de Salud dependiente del Consejo Nacional de Salud y una de las facultades de esta será la de autorizar y fiscalizar la modificación de los valores de las cuotas propuestos por Entidades de Medicina Prepaga (EMP).

El documento fue aprobado en general y durante su estudio  en particular, el diputado Pablino Rodríguez (ANR-Misiones), introdujo un nuevo artículo que habla de la responsabilidad social de las entidades de medicina prepaga.

El artículo expresa: "En referencia a los jubilados del sector público, que hayan permanecido por más de 10 años dentro del sistema de una misma entidad médica de Medicina Prepaga, y que no cuente con la cobertura del Instituto de Previsión Social, deberán las entidades de Medicina Prepaga, ofrecer en calidad de responsabilidad social, traslados en ambulancias y asistencia de primeros auxilios para su posterior derivación a otros centros asistenciales".