El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón refirió que no es inconstitucional que la Contraloría General de la República dé a conocer la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos. Recomendó que la Corte Suprema de Justicia rechace la acción promovida por el Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público del Paraguay (SITRAFAMIPAR).

Refiere parte del escrito fiscal remitido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema: “La declaración jurada de bienes y rentas constituye un documento a través del cual los funcionarios públicos se ven compelidos a dar a conocer datos certeros acerca de los bienes patrimoniales que poseen, con la finalidad de que la autoridad competente conozca el patrimonio del mismo y las variaciones que pudieran surgir, durante el ejercicio de la función pública.

Este documento tiene como fin combatir la corrupción, como un mal que deteriora los cimientos de la institucionalidad, ya que opera en contraposición a los intereses de la ciudadanía y por lo tanto, erosiona el cabal ejercicio de la función pública”.

Destaca el documento que la declaración jurada de bienes es una herramienta de control esencial para detectar el enriquecimiento ilícito de los servidores en la función pública. Además, enfatiza: “El argumento acerca de la supuesta vulneración del derecho a la intimidad del funcionario público, no guarda relación con la propia finalidad del espíritu de la norma, tanto constitucional como legal, que se enfocan a conocer –por medio de la autoridad competente– el patrimonio del agente público durante el periodo de prestación de servicios a la administración pública.

La normativa hoy cuestionada pretende otorgar las herramientas necesarias a fin de que el órgano competente pueda realizar los procedimientos tendientes a conocer en detalle, el patrimonio del funcionario público, y con ello, garantizar el espíritu propio del artículo 104 de la Carta Magna y de otros convenios internacionales ratificados por el Paraguay, en relación directa a la lucha contra la corrupción.

Esta representación fiscal considera que la normativa legal se encuentra orientada a garantizar la confianza de la sociedad en los servidores públicos, al exigir de éstos, actos inequívocos que puedan denostar la real situación patrimonial”.

Fuente: Fiscalía