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«El Estado paraguayo no puede dejar de ejecutar sus garantías porque estaría perdiendo derechos. Existen plazos, ejecuciones que ya se están llevando a cabo y si frenamos, si dejando vencer algunos plazos, podemos perder la garantía y estar ocasionando un daño al Estado», explicó el procurador.

Las garantías requeridas por el Estado paraguayo implican un monto de 40.300 millones de guaraníes, que en caso de ejecutarse estarían cubriendo la mayor parte de monto sometido a arbitraje contra la firma portuguesa.

Para revertir la reciente decisión del tribunal arbitral, que ordenó a la empresa Mota Engil el establecimiento de una garantía única y al Estado paraguayo la suspensión del proceso de ejecuciones de garantías llevada a cabo, la procuraduría presentó una aclaratoria y no descarta apelar a otros recursos.

«El fallo es de cumplimiento imposible ya que va en contra de normas de orden público y cuando una resolución va en contra del orden público se vuelve nula», afirmó Coscia.

Así también explicó que para que una garantía sea sustituida la parte beneficiada tiene que aceptarla y el Estado paraguayo no ha aceptado la sustitución de ninguna garantía. «Mota Engil tampoco puede cumplir el fallo porque les piden que establezca una garantía nueva sobre un monto que todavía no ha sido determinado», indicó.

El procurador explicó que en este momento el Paraguay está esperando las resoluciones del tribunal arbitral para ver qué cambia en el escenario actual, ya que el arbitraje propiamente dicho todavía no ha empezado.

Advirtió sin embargo que aún en esta fase preliminar la empresa Mota Engil «está jugando a matar al Estado paraguayo y nosotros estamos defendiéndonos ajustados a estricto derecho y con absoluto patriotismo».

En cuanto al cumplimiento de las garantías en proceso afirmó que las empresas aseguradoras encargadas del pago no pueden utilizar el fallo del tribunal arbitral para ofrecer oposición ya que las mismas no forman parte del proceso arbitral.

El banco Itaú tiene dos garantías de anticipo y la aseguradora Royal tiene la garantía de cumplimiento de contrato de la obra y ninguno de los dos ha manifestado negativa de cumplir con el Estado paraguayo.

«Para el Estado paraguayo es sumamente importante cobrar esta garantía porque estaría solucionándose gran parte del problema», reconoció finalmente Coscia.

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