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“Decidimos cancelar todos los llamados que tengan objeciones por parte de la comisión. Estos procesos están en distintas etapas, pero todos serán cancelados, según la recomendación”, dijo Mazzoleni en conferencia de prensa. 

“Hay algunos procesos que en virtud del tiempo y cambio de la situación epidemiológica hoy ya no tienen esa urgencia. Los precios han cambiado, el mercado que estaba distorsionado ha sido cambiado y resulta conveniente volver a hacer estos llamados”, refirió. 

El titular de la Comisión Especial de Control de Compras Covid-19 (CESC), ministro Arnaldo Giuzzio, confirmó que se detectaron una serie de irregularidades en los procesos de licitación para la compra de insumos y equipos por vía de la excepción para la lucha contra la pandemia. Aclaró que en ninguno de los casos el Ministerio de Salud realizó pagos.

Detalló que fueron analizados unos 32 procesos cuyas irregularidades se hicieron notar y fueron elevados al ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, para tomar la decisión correspondiente. «En muchos de los casos ya son bienes instalados como oxígenos y sistemas para el análisis del covid, depende ya del Ministerio de Salud ubicarlos», indicó.

Giuzzio consideró que la urgencia para la adquisición de insumos o equipos en aras de hacer frente a la pandemia no puede ser excusa para una implementación irregular de procesos de compra, ni utilizarse para tapar acciones negligentes. En ese orden, sugirió al Ministerio de Salud Pública anular la gran mayoría de los procesos.

Entre las observaciones expuestas figuran: la inconsistencia  en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación con el acta de inicio del mismo Comité. El incumplimiento de condiciones legales y técnicas  del PBC por lo que no se ajustan a los requerimientos exigidos.

Además de la inobservancia del articulo 40 de la ley 2051 referida a la participación limitada de empresas y personas  vinculadas entre sí. Se observó que, a pesar de encontrarse en mora, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, seguían participando de llamados.

Así como la falta de criterio para la fijación de precios referenciales, para el efecto se requiere de una mejor metodología y la adopción de una política de fijación de precios, a futuro.

“El algunos casos consideramos que no corresponde el uso del concepto de Urgencia Impostergable ni el código covid-19 por no ajustarse a la esencia de ambos. Se advirtieron dictámenes sin fundamento técnico y falta de atención a las consultas de la DNCP”, añadió.