Gentileza.

El mandatario fue requerido por los medios sobre el tema durante el recorrido que realizó este miércoles en una industria textil ubicada en la ciudad de Luque.

En la ocasión, dijo  que «si es como estoy leyendo en los medios de comunicación que se despenaliza el falseamiento de la declaración jurada evidentemente vamos a vetar el proyecto».

En ese sentido, manifestó que primero quiere interiorizarse sobre lo que establece la iniciativa que fue aprobada y sancionada por la Cámara de Diputados durante la sesión de este martes. “Vamos analizarlo con el equipo jurídico de Palacio, ayer estuve por el interior y ahora estamos haciendo este recorrido y al llegar vamos analizar el proyecto”, remarcó.

El jefe de Estado admitió que el veto se debe dar como compromiso moral, ya que pierde totalmente la esencia si es que las declaraciones juradas falsas no son castigadas.

“No encuentro ningún argumento, me cuesta creer que esa redacción tiene la ley por eso no quiero adelantar una opinión formal pero si una conceptual y el concepto es: si es que la ley promulgada por el Congreso de la Nación y que recibimos ayer en el Palacio despenaliza el falseamiento de la declaración jurada vamos a vetarlo categóricamente”, reiteró de manera tajante.

“Vamos estudiar y tomaremos una decisión una vez que podamos analizar el proyecto que envío el Congreso de la Nacional”, reiteró finalmente.

La Cámara de Diputados se ratificó, con 44 votos, en su decisión inicial y sancionó un proyecto de ley que modifica algunos artículos de la ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.

La iniciativa entre otras cosas despenaliza las declaraciones juradas falsas y desestima la posibilidad que los datos declarados por los funcionarios del Estado sean publicados de forma automática, vía Contraloría General de la República, sin necesidad de una autorización judicial.

Además, establece que las empresas o personas jurídicas que sean proveedores del Estado también deberán rendir cuenta de su patrimonio ante la Contraloría General de la República.

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