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El decreto ley de medidas, aprobado por el Gobierno, se aplica desde el 21 de junio, cuando ya se permitió la circulación libre por todo el país y se reabrieron las fronteras con el espacio Schengen (con Portugal y otros países será el 1 de julio), después de tres meses de restricciones severas de movilidad para frenar el contagio.

Según la legislación española, debe ser ratificado a continuación por el Parlamento, donde el Ejecutivo tuvo que volver a negociar con partidos minoritarios para conseguir los apoyos que necesita, pues la coalición de los socialistas y los izquierdistas de Podemos gobierna en minoría.

La incógnita es qué hará la fuerza opositora principal, el conservador Partido Popular, muy crítico con la gestión de la crisis sanitaria, las últimas prórrogas del estado de alarma y el número oficial de muertos, pues asegura que son muchos más.

El Ministerio de Sanidad, basado en los datos que le facilitan las regiones, notificó el miércoles otros dos fallecidos con coronavirus, que elevan el total de defunciones a 28.327 en total, mientras fueron 196 los contagios en las 24 horas anteriores, hasta sumar 247.086.

Entre esas normas, destaca el uso obligatorio de mascarillas en todos los lugares abiertos al público, sean cerrados o descubiertos, si no se puede mantener una distancia interpersonal mínima de seguridad de 1,5 metros; el desarrollo de planes de contingencia ante posibles rebrotes o el refuerzo de la atención sanitaria primaria.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó el miércoles que el Gobierno prepara un plan de respuesta frente a una segunda oleada de la COVID-19 porque el virus «sigue ahí -constató- y puede volver a golpearnos», mientras apela constantemente a la responsabilidad personal para evitar el contagio.

Por el momento, una decena de brotes afectan a varias partes del país, distantes entre sí, pero que las autoridades sanitarias regionales consideran controlados con rastreos de contactos y aislamientos selectivos. La región de Madrid prohibió las visitas en 44 residencias de ancianos -focos importantes de contagio- al registrar nuevos casos, la mayoría asintomáticos.

También preocupan los «casos importados», es decir, infectados que lleguen a España, un país muy turístico, tras la reapertura fronteriza, sobre todo a través de aeropuertos.

Illa indicó ayer que no hay «ninguna intención de volver a aplicar» el estado de alarma, que conlleva restricciones del movimiento de personas. «Pienso que estamos haciendo las cosas bien para tener esto bajo control», argumentó. EFE