Gentileza.

En los días sábado y domingo, prosiguió el Juicio en el que igualmente son juzgados por el mismo hecho punible, la directora de Planificación, Laura Aida Gamarra; la nutricionista Gloria Betina Arroyo Vázquez; la jefa de Evaluación, María Araceli Cotillo Rolón; el director administrativo, Carlos Alberto Centurión González.

El Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Laura Ocampo, Juan Carlos zarate y Fabián Winsense, está encargado de juzgar la causa.

*Antecedentes*

Según los antecedentes, el 12 de diciembre de 2012, Orué en su carácter de autoridad supuestamente habría autorizado a la Dirección General de Administración y Finanzas iniciar el procedimiento para el llamado a licitación por subasta a la baja electrónica.

El llamado fue supuestamente ejecutado sin la realización de cálculos de proyección de insumos alimenticios que serían necesarios para el cumplimiento de los programas Abrazo y PAINAC, teniendo en cuenta que el pedido presentado por la nutricionista de la Dirección de Protección y Promoción de Derechos de dicha Secretaría, Sandra Burgos - encargada de realizar el cálculo para los programas - fue solo para la elaboración del menú alimentario que sería proporcionado a los niños durante el transcurso del año 2013.

Sin embargo, el llamado a licitación fue realizado de forma plurianual, y el pedido confeccionado para un año fue modificado para dos. De esto surgió el indicio de que hubo presuntamente un cambio, de tal manera que el contrato pueda extenderse para así utilizar la totalidad de lo presupuestado para el rubro.  

El 27 de diciembre de 2012, el acusado designó como miembros del comité de evaluación de ofertas para el llamado de adquisición de productos alimenticios a los encausados Gamarra, Arroyo, Cotillo y Centurión.

Si bien se presentaron cuatro empresas oferentes, Granos y Aceites SACIA fue adjudicada en 11 de los 12 lotes, presentando en la mayoría, el precio más alto o siendo la única oferente.

Por otro lado, se habría hecho un contrato cerrado cuando no se sabía la cantidad de beneficiarios y además los productos adjudicados no cumplen supuestamente con el plan nutricional adecuado, ya que se adquirieron algunos productos de más y otros nunca fueron entregados.

Fuente Fiscalía