Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La fiscal general  del Estado, Sandra Quiñónez recibió en audiencia hoy a dos representantes del grupo de denunciantes en el caso de la investigación abierta sobre la Comuna de Ñemby.

En cuanto a la investigación a la administración al intendente de Ñemby, Lucas Lanzoni, la causa se encuentra en la Unidad de Delitos Económicos, ingresada recién el 21 de mayo.

Los ciudadanos piden que el intendente aclare el destino de fondos supuestamente transferidos a comisiones vecinales. Investigación que abarca análisis financieros y auditorias.

En el marco de la causa se han realizado varias diligencia que hacen a la investigación: la fiscal Liliana Alcaraz solicitó la remisión de informes de la Municipalidad y se recibieron más de 20 carpetas que deben ser evaluadas.

Se solicitó a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría a fin de que indague si se han llevado a cabo las obras de empedrado denunciadas, así también la Contraloria debe auditar las condiciones de las obras realizadas y elevar ese informe  técnico al Ministerio Público a fin de determinar la conclusión sobre las supuestas  obras denunciadas.

Igualmente, se ha fijado fecha de declaración testimonial para algunas personas que ya fueron señaladas en dicha causa.

La agente fiscal solicitará informes a bancos y financieras conforme a los datos que surjan de los pagos realizados y si dichos pagos fueron recepcionados por las Comisiones obrantes en planillas.

INTERVENCIÓN A LA MUNICIPALIDAD

Por otra parte, con referencia al grupo de ciudadanos se manifestó frente la vivienda de la Fiscal General solicitó también la intervención de la Municipalidad de Ñemby, exigiendo la intervención a la gestión del intendente Lucas Lanzoni.

El concejal de Ñemby, Jorge Ojeda explicó los motivos, y dijo que hay cheques que se expidieron y se cobraron a nombre de las comisiones vecinales sin embargo, el dinero nunca llegó. 

Desde la Fiscalía explicaron que la institución no tiene la facultad constitucional para realizar la intervención de los municipios. La intervención depende de la decisión de la Cámara de Diputados, y la realiza un funcionario designado por el Ministerio del Interior.